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19/06/2017 9:00

Oxfam acusa al Gobierno de obstaculizar la agrupación familiar de refugiados

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Oxfam acusa al Gobierno de obstaculizar la agrupación familiar de refugiados

Oxfam Intermón denunció este lunes las "trabas" que considera que pone el Gobierno español a la agrupación familiar de refugiados.

Según un informe de la ONG, los gobiernos europeos concedieron en 2015 un total de 78.772 visados por razones familiares, y el español 327. El informe de Oxfam Intermón sobre reagrupación familiar describe cómo los obstáculos administrativos, la falta de información, una definición de familiar muy limitada y las políticas discriminatorias del acuerdo UE-Turquía obligan a las familias a separarse.

En 2015, casi un millón de personas cruzaron el Egeo huyendo de la persecución o buscando una vida mejor. Muchas de estas personas hicieron estos peligrosos viajes para reunirse con sus familiares. El de 2015 es el último dato que la UE ha hecho público.

Los informes sobre las llegadas a Grecia a principios de 2016 indican que casi el 44% las personas encuestadas procedentes de Siria y el 20% de las procedentes de Afganistán intentaban reunirse con la familia en un país europeo. Sin embargo, en ese mismo año los gobiernos europeos sólo concedieron 78.772 visados por razones familiares a quienes habían llegado a Grecia.

"La frustración de no poder reunirse con sus familias ha provocado que miles de personas emprendan peligrosos viajes que las exponen a abusos y explotación por parte de contrabandistas y traficantes", afirma José María Vera, director general de Oxfam Intermón. "La migración forzosa aleja a los niños y niñas de sus madres, padres y abuelos, separa a hermanos, obliga a las parejas a vivir separadas y destruye las redes familiares extensas".

Según Oxfam Intermón, España es uno de los países europeos que pone trabas para que las familias puedan reunirse. Los últimos datos facilitados por el Gobierno reflejan que de 2011 a 2015 solo llegaron a España 1.190 personas (327 en 2015) a través del mecanismo de la extensión familiar, que es un una de las escasas vías legales y seguras que tienen los refugiados para llegar a su destino.

Esto significa que sólo el 4% de las personas que llegaron a España como solicitantes de protección internacional pudieron entrar a España a través de esta vía. El resto (28.073 personas, lo que equivale al 86%) tuvo que poner en riesgo su vida para llegar a España.

LEY DE ASILO

Oxfam denuncia que la agrupación familiar es muy complicada en España porque según lo que dicta la Ley de Asilo, sólo se pueden beneficiar de la extensión familiar los cónyuges siempre que tengan la misma nacionalidad y los hijos menores, dejando fuera de esta vía a los hijos mayores de edad u otros familiares.

Aunque se incluye una cláusula que permite la extensión familiar cuando se logra demostrar la dependencia y la convivencia previas en el país de origen, en la práctica no siempre se pone en práctica esta excepción.

Además, no hay reglamento de la Ley de Asilo, que permitiría resolver importantes lagunas para hacer efectiva la agrupación familiar y ayudaría a determinar cuál es el rol de las embajadas y consulados, que a día de hoy no están obligadas a atender las solicitudes de asilo.

Las embajadas sí están obligadas a tramitar los visados de los familiares que están en otro país y que están pendientes de reunirse con un familiar que ha solicitado la extensión en España. Sin embargo, que el trámite de estos visados sea más o menos rápido queda en manos de los embajadores

Otra queja de Oxfam es que los procedimientos son poco ágiles y efectivos y la administración sigue reticente a crear mecanismos urgentes para casos de extensión familiar. El tiempo del proceso, desde que se inicia el trámite y hasta que se produce la unión, supera el año, e impone una gran carga burocrática. Mientras se alarga innecesariamente el proceso, hay familias esperando, en muchos casos en contextos de alto nivel de estrés y vulnerabilidad.

Oxfam también lamenta que a pesar de poder estar enfrentados a situaciones extremas, incluyendo situaciones de menores no acompañados, la Administración no ha creado un mecanismo exprés que permita la agrupación con mayor celeridad ni que este tipo de casos tengan mayor prioridad.

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