Esta jornada se celebrará en la sede madrileña del Consejo Económico y Social (CES) y estará dirigida a empresas y entidades de la Economía Social, técnicos de las administraciones públicas, representantes políticos y cargos públicos de dirección.

La ‘Jornada de Contratación Pública Responsable dirigida a empresas y entidades de Economía Social’ tiene como objetivo analizar el nuevo escenario normativo de cláusulas sociales y contratación tras la aprobación, el pasado 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, se mostrarán las ventajas y beneficios de la contratación pública responsable para promover administraciones públicas comprometidas socialmente, y se analizará cómo facilitar a las entidades de la Economía Social su acceso a la adjudicación de contratos públicos.

Otro objetivo del encuentro es ofrecer al personal técnico implicado en contratación pública las herramientas y mejores prácticas para elaborar los pliegos de contratación con cláusulas sociales y reservas de contratos.

OBJETIVOS SOCIALES

Cepes trabajó en la aprobación de este nuevo marco normativo, puesto que, según la confederación, la contratación pública debe contribuir a conseguir objetivos sociales y medioambientales, como la calidad en el empleo, la participación de colectivos con mayores dificultades de empleabilidad, la paridad hombre-mujer o la estabilidad laboral de los trabajadores, entre otros. Por este motivo, la contratación pública se convierte en una herramienta para la transformación del entorno social y económico que rodea a las distintas administraciones públicas, según Cepes.

Además, Cepes considera que el nuevo marco jurídico de contratación pública en España supone una oportunidad para incorporar de forma efectiva criterios sociales de forma transversal y obligatoria en la contratación, configurando un sistema que avance hacia un modelo económico más humano y responsable, implicado con el territorio, innovador y que coloque a las personas en el centro de la gestión, con criterios democráticos y de redistribución de beneficios de forma equitativa, y que colabore en la integración laboral de personas con dificultades de empleabilidad.