A cinco días del comienzo de una nueva edición del Foro Económico Mundial, que tendrá lugar en Davos (Suiza) del 23 al 26 de enero, Greenpeace difundió el informe ‘Justicia para las personas y el planeta. Por el fin de la impunidad de las grandes corporaciones’, donde recopila 20 casos de malas prácticas y propone 10 principios fundamentales para evitar que las empresas cometan abusos al medio ambiente y a los derechos humanos.

Para llamar la atención sobre esta situación, activistas de Greenpeace Suiza instalaron esta mañana en las afueras de Davos una estatua de seis metros de altura que representa la figura de la diosa Justicia.

Greenpeace insta en el informe a los Gobiernos a imponer reglas efectivas y vinculantes a las corporaciones para que sean responsables de sus acciones hacia las personas y el planeta.

El documento expone 20 casos que ilustran cómo las corporaciones han configurado un marco regulatorio internacional favorable a sus intereses, tienen una gran influencia en ámbitos de decisión política, propician las puertas giratorias, favorecen acuerdos comerciales y de inversión, y ponen barreras a la justicia internacional, con el objetivo de aumentar sus beneficios a costa de los derechos humanos y el medio ambiente.

El informe denuncia que detrás están los gobiernos, que, en lugar de imponer normas y leyes, se han convertido “voluntaria o involuntariamente en cómplices de esta arquitectura de la impunidad”.

ACS, BAJO LA LUPA

Las 20 compañías mencionadas en el informe tienen su sede en Estados Unidos (cinco); Suiza (tres); Alemania, Canadá y Singapur (dos cada uno), y España, Francia, Luxemburgo, México, Rusia y Turquía (uno cada uno).

El único caso español se refiere al del Grupo Cobra, filial de ACS, por su participación en un proyecto hidroeléctrico en Guatemala que la organización asegura que ha causado un grave impacto medioambiental y sobre las comunidades locales, y del que ha salido impune hasta ahora.

Para Greenpeace, el caso de ACS es “especialmente significativo porque ilustra la inutilidad de las medidas de carácter voluntario, los dobles estándares y los vacíos legales para la rendición de cuentas cuando las grandes corporaciones actúan en el extranjero en calidad de subcontratas”.

“La subsidiaria de ACS, Grupo Cobra, ha participado en varias fases del complejo hidroeléctrico Renace, una infraestructura que ha alterado profundamente el río Cahabón (departamento de Alta Verapaz, Guatemala) a lo largo de 30 kilómetros”, apunta.

Greenpeace subraya que, “además de las graves carencias del procedimiento de evaluación ambiental y fallos en el proceso de consulta a los pueblos indígenas, el proyecto ha producido un daño ambiental significativo”.

“La reducción drástica del caudal del río ha supuesto la merma del derecho al acceso al agua potable para casi 29.000 habitantes de la comunidad quekchí. La empresa de Florentino Pérez niega su responsabilidad en este escándalo argumentando que el Grupo Cobra/ACS fue subcontratada por la empresa constructora local CMI, quien era en última instancia la responsable del proyecto”, apunta.

Los 20 casos del informe exponen el “comportamiento deshonesto” de las grandes corporaciones en relación al cambio climático, la deforestación, la contaminación, las violaciones de los derechos indígenas, la represión contra las ONG y defensores del medio ambiente y los derechos humanos, la evasión fiscal, la corrupción, la manipulación fraudulenta del debate público, etc. Diecinueve de las empresas mencionadas en el informe son socios o participantes en el Foro Económico Mundial.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

Por otro lado, Greenpeace demanda en su informe hacer responsables a las empresas y las personas de las violaciones ambientales y de los derechos humanos que cometan tanto en su país de origen como en el extranjero a través de empresas bajo su control, así como prohibir a las empresas llevar a cabo actividades en el extranjero prohibidas en su país de origen por razones de riesgo para los derechos humanos o ambientales.

“En Davos, la élite mundial se reúne para hablar del futuro de la economía, pero la verdadera agenda de las multinacionales sigue siendo la expansión de su poder y sus beneficios a costa de los ciudadanos y el medio ambiente. Si queremos proteger nuestro frágil planeta, necesitamos justicia corporativa”, declaró Miguel Ángel Soto, portavoz de Greenpeace España.