Esta es la principal conclusión que se extrae de las observaciones realizadas por parte de este organismo internacional, que el pasado mes de enero examinó al Estado español sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

En su evaluación, la ONU ha tenido en cuenta los informes, consideraciones y propuestas efectuadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que planteó los déficits y carencias que afectan a la infancia con discapacidad.

Debido a la importancia transversal de la accesibilidad universal para alcanzar la plena igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, la ONU reclama a España agilizar el II Plan de Accesibilidad Nacional y garantizar su implementación para la inclusión de niños y niñas con discapacidad.

Uno de los aspectos en los que más incide la ONU es en el educativo, pidiendo a España la implementación por completo de un enfoque basado en los derechos humanos con la discapacidad que garantice el acceso igualitario a la educación inclusiva de calidad en las escuelas convencionales. Esta observación está en línea con la exigencia del Cermi de que se termine con la escolarización en centros segregados.

DISPARIDAD ENTRE COMUNIDADES

En este sentido, la ONU pide que se adopten medidas exhaustivas para abordar las diferencias existentes entre comunidades autónomas en relación con la transformación a un sistema de educación inclusiva, asegurándose de que se da prioridad a la educación inclusiva sobre la ubicación de niños en instituciones y clases especializadas.

Además, para garantizar una educación inclusiva de calidad, el Comité de los Derechos del Niño insta al Estado parte a organizar la recopilación de datos sobre menores con discapacidad; aumentar los recursos en las escuelas para adaptarse a las necesidades de apoyo individual; proporcionar formación de calidad para el personal educativo para que puedan atender las demandas del alumnado con discapacidad, y que el alumnado con discapacidad pueda recibir formación y orientación sobre el mercado laboral.

El Comité pone también el foco en la incidencia del 'bullying' en los estudiantes con discapacidad, tanto en el entorno escolar como a través de las redes sociales. Para ello, es necesario impulsar políticas y estrategias de prevención y rápida intervención ante situaciones de acoso.

Por otro lado, Naciones Unidas explica que se debe garantizar que los niños y niñas con discapacidad tengan acceso a la asistencia sanitaria, incluyendo programas de detección e intervención temprana, así como que la asistencia llegue también a las familias con menos recursos económicos.

En relación con el ocio y el tiempo libre, el Comité recuerda la relevancia de garantizar el derecho de los niños, incluyendo aquellos con discapacidad y los que están en situación de marginación, al descanso y el ocio; a participar en el juego y actividades recreativas que sean seguras, accesibles e inclusivas; que se pueda llegar a ellas mediante el transporte público, y que sean apropiadas a la edad.

En suma, el Comité insta al Estado parte a fortalecer medidas para evitar y combatir la discriminación contra niños y niñas en todos los sectores de la sociedad y asegurarse de la plena aplicación de las leyes vigentes pertinentes que prohíban la discriminación. También recomienda que se refuercen las campañas de educación pública para combatir la estigmatización y discriminación contra menores de minorías étnicas, incluyendo romaníes, de origen extranjero, solicitantes de asilo, refugiados y niños con discapacidad.