Así se pronunció Catalá en los pasillos del Congreso al valorar la resolución del TEDH conocida este martes, que establece que España deberá abonar 30.000 euros a Igor Portu Juanenea y 20.000 euros a Martín Sarasola Yarzabal por las lesiones que sufrieron durante su detención por el atentado de la T-4, perpetrado en el aeropuerto de Madrid-Barajas el 30 de diciembre de 2006 y que provocó dos muertos.

A este respecto, el ministro destacó que el TEDH ha concluido “que no ha habido torturas” a estos etarras, aunque se condena al Estado a pagar indemnizaciones por unas “lesiones” sufridas durante su detención por los terroristas.

“SISTEMA DE GARANTÍAS”

Catalá indicó que esta “responsabilidad pecuniaria” de 50.000 euros a la que se condena a España no se abonará a los dos etarras, puesto que esta cantidad habrá que descontarla de la que éstos tienen pendiente por los “gravísimos” delitos por los que fueron condenados.

En este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el atentado de la T-4 impuso una indemnización de 500.000 euros a la familia de Carlos Alonso Palate, el primero de los asesinados, y otra de 700.000 para la de Diego Armando Estacio, la segunda víctima. La cuantía total de indemnizaciones a los numerosos afectados ascendía a 2.593.000 euros.

Al mismo tiempo, Catalá se refirió a que lo que cabe decir en este caso es que tanto en España como en la UE se ha cumplido el “sistema de garantías” de “defensa de los derechos” tanto en España como en el TEDH.