El PP ha criticado el contrato de municipalización de Bicimad, su falta de auditoría e inventario, y lo que califica como posteriores irregularidades en el documento sin firma con el que se quiso justificar la compra por 10,5 millones. También denuncia la auditoría de diciembre de 2017, así como el hecho de que dos empresas 'pantalla' de Bonopark hayan recibido un nuevo contrato del Ayuntamiento.

Sin embargo, el Gobierno de Manuela Carmena sostiene que al municipalizar el servicio el Ayuntamiento permitió su viabilidad y su ampliación, que a su juicio era imposible con el contrato que adjudicó el Gobierno municipal de Ana Botella.

Ciudadanos también ha calificado de “mala operación” los 10,5 millones que se pagaron sin contar con las pérdidas de Bonopark, teniendo que renovar 1.800 de las 2.000 bicis, y sin haber hecho, insiste este grupo, una auditoría previa y luego haber pedido una en diciembre de 2017.

Por su parte, el PSOE ha puesto de manifiesto las “irregularidades” que considera sobrevuelan la cesión del contrato y cuando mostró su apoyo a la comisión de investigación lo hizo con una enmienda ‘in voce’ que instaba a retrotraer las investigaciones a la época de la exalcaldesa Ana Botella.