En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Servimedia, Zoido se refirió a que como él se sintieron “engañados” por Trapero otros representantes del Estado, desde fuerzas policiales a jueces y fiscales, que emplearon mucho tiempo “diseñando” y “organizando” el dispositivo para impedir la consulta secesionista del 1-O.

“Cada uno de los cuerpos tenía unas obligaciones que asumir”, apuntó el ministro, quien indicó que Trapero y el entonces director general de los Mossos, Pere Soler, no cumplieron con su obligación. Añadió que esto hizo que la “primera medida” que tomó Interior tras aplicarse el artículo 155 de la Constitución fuera cesar a Trapero.

“RESPONSABILIDADES POLÍTICAS”

En cuanto a las cargas de Policía Nacional y Guardia Civil el 1-O, el ministro señaló que fueron consecuencia de las decisiones judiciales que ordenaban impedir el referéndum ilegal, algo que los responsables de los Mossos no cumplieron con su obligación.

Respecto a si las imágenes de agentes cargando en puntos de votación perjudicó el prestigio exterior de España, Zoido señaló que “en un principio sin duda alguna produjo una confusión” en el extranjero. Sin embargo, afirmó que después el Estado español logró una ventaja “evidente”, ya que “lo que quisieron vender” los independentistas en otros países “nadie se lo ha comprado”.

El ministro también defendió que “responsabilidades políticas” por las cargas del 1-O las deben asumir el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los mandos policiales y políticos de los Mossos que no cumplieron con las órdenes de los jueces.