La votación se corresponde con el respaldo de Ciudadanos y de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y la negativa de los demás a que la iniciativa pudiera siquiera tramitarse en el Congreso de los Diputados, lo que implica, según denunció después el propio Rivera en los pasillos, que el PP y el PSOE quieren mantener la politización de la Justicia.

En el debate, el pasado martes, el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes recordó que la Constitución enmarca el Ministerio Fiscal dentro del sistema judicial y "en ningún caso" lo configura como correa de transmisión entre el Ejecutivo y los tribunales, a pesar de los cuales las interferencias han convencido a los ciudadanos de que el fiscal general es, en realidad, del gobierno de turno.

Prendes se dirigió al PP para pedir a sus dirigentes que cumplan "por una vez" el acuerdo de investidura, y alertó que bloquear la tramitación de la iniciativa supondría demostrar "que no tienen la más mínima voluntad" de cumplir el acuerdo por el que Mariano Rajoy fue investido presidente del Gobierno. Se dirigió también al PSOE para recordar que un compromiso similar se incluyó en su acuerdo de investidura la pasada legislatura.

En nombre del PSOE, Juan Carlos Campo anunció un "no rotundo" y defendió que no hay nada "vergonzoso" ni que deteriore la democracia en el hecho de que el Gobierno nombre al fiscal general. Comparó a Ciudadanos con "el doctor Jekyll y míster Hide" porque, dependiendo del organismo, sea el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado, está bien o no que sus integrantes sean elegidos por el Parlamento.

Eduardo Santos, de Unidos Podemos, respaldó la toma en consideración de la iniciativa por entender que es urgente la modernización del Ministerio Fiscal y "pasar de las palabras a los hechos". No obstante, alertó de que la propuesta es de "constitucionalidad dudosa" y por ello su grupo, en caso de llegar el trámite de enmiendas parciales, pedirá que el Congreso proponga una terna en la que sea obligatoria la presencia de mujeres.

En nombre de ERC, Ester Capella denunció que en España n o hay independencia judicial pero sí "presos políticos", confusión entre poderes y un "verdadero circo judicial" que sufren los independentistas porque quienes gobiernan pretenden "escarmentarnos" por defender la independencia de Cataluña.

Mikel Legarda, del PNV, rechazó también la propuesta por entender que el asunto debe tratarse en la subcomisión creada para actualizar el sistema judicial y por considerar que Ciudadanos ha demostrado su "oportunismo político" presentando el texto nada más escuchar las demandas de las asociaciones de fiscales y al margen de los trabajos en esa subcomisión. Esa oposición, precisó, no merma la percepción que el PNV tiene del Ministerio Fiscal, uno de cuyos principales problemas es la politización. La posición de Ciudadanos, aseguró, es "partidista, oportunista y mediática, pero sobre todo contradictoria".

En nombre del PDECat, Lourdes Ciuró acusó a Ciudadanos de propinar una "estocada letal" al pacto por la Justicia que además no es creíble sin una condena al "atropello de derechos fundamentales" padecido por los independentistas en Cataluña.

Francisco Molinero, del PP, tachó la reforma de "mediática" y cargó contra la "deslealtad" y la "incoherencia" de Ciudadanos, al que acusó de incumplir sus acuerdos con el PP. "Con amigos como ustedes para qué queremos enemigos, porque no salimos de un disgusto tras otro", comentó, apelando a la responsabilidad de Ciudadanos para que regresen a la subcomisión.

"SUSTRAER DEL DEBATE PARTIDISTA"

En la exposición de motivos de la propuesta, Ciudadanos recuerda que el Ministerio Fiscal actúa de acuerdo a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad. Sin embargo, denuncia, actualmente existe una "sombra de sospecha" sobre su actuación que obliga a "intervenir legislativamente con el objeto de sustraer esta importante institución del debate partidista".

Así, argumenta que es urgente solucionar la "indeseable pero permanente vinculación" entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal. Para ello, y aunque la Constitución dice que el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ciudadanos no ve inconveniente en que dicho nombramiento sea "fruto de un amplio consenso parlamentario".

Para asegurar la autonomía del Ministerio Fiscal, propone establecer la obligación de que las comunicaciones entre Fiscalía y Gobierno sean por escrito, eliminando toda injerencia política en el desarrollo de las funciones de ese organismo.

Ciudadanos considera que la actual composición del Consejo Fiscal distorsiona su papel de representación del conjunto de la carrera fiscal y que sus normas de elección no favorecen la participación de la totalidad de los fiscales sino solo la de los miembros de algunas de las asociaciones profesionales. Por ello, sugiere dotar a ese órgano de nuevas competencias en cuanto a nombramientos, formación o facultad disciplinaria, y modificar su régimen electoral y su composición.

En el articulado, la proposición establece que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo Fiscal y el CGPJ y previo trámite parlamentario "entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de veinticinco años de ejercicio efectivo de su profesión que no hayan desempeñado ningún cargo público o electivo durante los últimos diez años".

Ese trámite parlamentario consistiría en que, una vez recibidos los informes del Consejo Fiscal y del CGPJ, el Gobierno remitiría su propuesta al Congreso para disponer la comparecencia del candidato y evaluar sus méritos e idoneidad. Tras esa comparecencia, el Pleno sometería a votación el nombramiento, entendiéndose ratificado por el voto favorable de al menos dos tercios de los miembros de la Cámara. En caso de ser rechazado, el Gobierno tendría un mes para presentar otra candidatura.

El mandato sería de seis años y antes de concluir este plazo solo podría cesar a petición propia, por incurrir en incmpatibilidad o prohibición establecida en la ley, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, o por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones o de los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, extremo que sería apreciado por el Pleno del Congreso de los Diputados por esa misma mayoría.