En los últimos días ha corrido el rumor de que Bruselas multa con 600.000 euros diarios a las comunidades que impidan las gasolineras sin personal, lo que ha influido para que algunas como Castilla y León hayan cambiado precipitadamente y sin la información fidedigna correspondiente su legislación.

El portavoz comunitario reconoció en una entrevista publicada por 'Atalayar.com' que no sabe de dónde ha podido salir esa información, que no corresponde en absoluto con actuaciones de la Comisión. Bauras negó que ni siquiera haya intención de adoptar ese tipo de medidas, algo que en cualquier caso correspondería al Tribunal de Justicia de la UE, a instancias de la Comisión, como conclusión de un expediente sancionador que ni siquiera ha sido abierto porque no está planteado un procedimiento de infracción. Detalló que un procedimiento de estas características requiere su tiempo y que, en cualquier caso, no iría contra las comunidades autónomas sino contra el país, en este caso España.

Sobre la atención a personas con discapacidad, el portavoz de la Comisión en Madrid confirmó que el Parlamento Europeo ha instado a la Comisión a que investigue en toda la UE la situación regulatoria de las gasolineras desatendidas para determinar si los derechos de este colectivo están debidamente amparados, tal y como ha reclamado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

El portavoz comunitario explicó que en Bruselas se están estudiando varias quejas presentadas por la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas por la decisión adoptada por varias comunidades autónomas españolas de exigir, al menos, la presencia de un operario cualificado durante el horario de apertura de una estación de servicio.

Bauras subrayó los contactos que se han mantenido en las últimas semanas en Bruselas entre representantes de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG Grow) encargada de estos temas y representantes de las administraciones españolas, entre ellos miembros de la representación permanente de España y representantes de varias comunidades autónomas.

En la última reunión, los responsables comunitarios admitieron que las comunidades autónomas contrarias a las gasolineras desatendidas pudieran presentar alegaciones que argumentaran su decisión.

En este caso, los representantes de Baleares anunciaron que sus alegaciones se basarían en el mantenimiento del empleo, las garantías de seguridad, los derechos de los consumidores y la atención a las personas con discapacidad que necesitan ayuda para poder repostar.

En los últimos meses, asociaciones de estaciones de servicio atendidas como Aevecar y Ceees, los sindicatos UGT y CCOO, organizaciones de consumidores como Facua y de personas con discapacidad como Cocemfe se han manifestado a favor de que se cumplan las normas existentes para todos y de que haya personal cualificado en las gasolineras para evitar incidentes graves y garantizar la seguridad, mantener los puestos de trabajo, preservar los derechos de los consumidores y garantizar la atención a las personas con discapacidad, entre otras razones.