Bajo el título 'My life is ruined: The need to decriminalize abortion in Morocco' ('Mi vida está arruinada: la necesidad de despenalizar el aborto en Marruecos'), el informe documenta las consecuencias ruinosas de la penalización de esta práctica, incluso en los casos de embarazo resultante de una violación.

Ante la amenaza de cárcel, muchas mujeres recurren a métodos clandestinos y peligrosos para interrumpir el embarazo, indicó Amnistía. Las que no lo consiguen son coaccionadas para dar a luz y corren el riesgo adicional de ser procesadas en aplicación de las leyes que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, agregó.

Esto "agrava su exclusión social y la pobreza", apuntó, todo ello "mientras soportan las dolorosas secuelas de sus intentos fallidos de aborto".

El informe contiene entrevistas a 33 mujeres que intentaron abortar, así como entrevistas adicionales a representantes de ONG marroquíes por los derechos de la mujer y a profesionales del derecho y de la medicina.

Según Amnistía, se enviaron cartas a las autoridades marroquíes en marzo y noviembre de 2023 y en enero de 2024 para presentar las conclusiones del informe y solicitar respuesta". "En el momento de la publicación", Amnistía no había recibido ninguna comunicación, informó.

Esta investigación acompaña a una campaña para reclamar la despenalización del aborto en Marruecos.

En opinión de Amnistía, "las leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Marruecos niegan a las mujeres su derecho a una toma de decisiones autónoma y perpetúan un clima social que obliga a mujeres y niñas a llevar a término su embarazo a pesar de las consecuencias".

Esta situación "fomenta la violencia, la pobreza y la discriminación sistémica de género”, denunció Amjad Yamin, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Indicó que “organizaciones marroquíes llevan años pidiendo a las autoridades del país que despenalicen el aborto y garanticen que ninguna embarazada sufre malos tratos, humillación, degradación o riesgo de sanción penal o exclusión social por acceder o intentar acceder a servicios de aborto.

El informe y la campaña se basan en estos esfuerzos y reiteran que, con arreglo al derecho internacional, toda persona que necesite servicios de aborto debe poder acceder a ellos, con respeto a su intimidad y a la confidencialidad, y con su consentimiento informado.

Asimismo, Yamin pidió garantizar "servicios integrales de salud sexual y reproductiva que sean asequibles y accesibles para todas las personas, especialmente las que tienen ingresos bajos o viven en la pobreza, en todo el sistema de salud pública”. “No podemos ayudar a las mujeres. Tenemos las manos atadas".

El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.

La legislación que prohíbe difundir información relacionada con el aborto restringe aún más el acceso a los recursos médicos e incapacita a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus embarazos.

“Incitar al aborto” por cualquier medio, incluso a través del discurso público o la distribución de materiales relacionados, conlleva pena de hasta dos años de prisión o multas.

El personal médico que practica abortos al margen de la ley se expone a perder su licencia. Los proveedores, cuando son citados como testigos, deben declarar y revelar información sobre las operaciones de aborto en su conocimiento, sin respetar la confidencialidad de la paciente.

"Estas restricciones, sumadas a la ausencia de directrices o protocolos médicos sobre la provisión del aborto legal, dejan a muchas mujeres sin una vía segura y legal para abortar", concluyó Amnistía.