Según explicó la entidad, “Apadis no ha tenido otra opción que acudir a los tribunales y presentar una denuncia penal por hechos y actuaciones que podrían considerarse estafa procesal y/o prevaricación, ante el inexplicable comportamiento del equipo municipal de gobierno de San Sebastián de los Reyes, presidido por el socialista Narciso Romero, y que alcanza a otros miembros de su equipo como Tatiana Jiménez (PSOE) o al vicealcalde Miguel Ángel Perdiguero (Ciudadanos)”.

La asociación afirma que el conflicto surgió en 2020 “cuando este equipo reclamó inesperadamente a Apadis una deuda de 375.000 euros correspondientes a los cinco últimos años del canon de uso del terreno sobre el que se asienta la Estación de Servicio Greemoil, una gasolinera que contrata a personas con discapacidad intelectual". El terreno fue cedido a la entidad en los años 90 por el municipio para generar empleo y oportunidades de formación de personas con discapacidad.

"En la propia escritura de cesión y, ante notario, se estipulaba que el canon de uso de ese terreno se vería compensado en un convenio que el propio Ayuntamiento firmaría con Apadis, teniendo en cuenta el elevado valor social que generaba el proyecto 'Surtidor de Oportunidades' y la función social de la entidad en el municipio como forma de compensación del citado canon, "explicó la entidad en un comunicado.

"Pero pese a las repetidas propuestas y peticiones de reunión para cumplir con el citado acuerdo, recogido en la escritura, el convenio sigue sin ser elaborado por el Ayuntamiento a día de hoy", añadió Apadis.

RECLAMACIÓN DEL CANON

Por otra parte, el mes pasado la Asociación recibió la demanda civil por parte del Ayuntamiento, que reclama el pago del canon. Apadis lo interpreta como "el gesto final de que el equipo de gobierno ha desestimado seguir el camino que su propia asesoría jurídica le ha planteado: firmar el convenio como marca la escritura de cesión, poner fin al conflicto y abonar los convenios y subvenciones debidas".

Además, anteriormente la entidad había reclamado en vía contencioso-administrativa al Ayuntamiento el pago de las cantidades que le adeuda por los convenios y subvenciones que aún no le ha abonado, que ascienden a más de 60.000 euros.

Por todo ello, la entidad aseguró que "se ha visto obligada a denunciar penalmente al actual equipo de gobierno municipal por hechos y actuaciones que podrían ser constitutivos de estafa procesal y/o prevaricación".

Desde Apadis se considera "absolutamente inaceptable" el hecho de que "se siga causando dolor y daño a personas que son merecedoras de la máxima protección en virtud de nuestra legislación".