Así lo indicó en una presentación realizada este lunes en el ‘Encuentro Economía HOY’, organizado por el diario 'HOY' en Badajoz, en la que evaluó la problemática de la vivienda, las políticas adoptadas y las áreas prioritarias de actuación.

El organismo reclama la evaluación del impacto de las políticas públicas ya desplegadas sobre el acceso a la vivienda, la coordinación de las actuaciones entre las distintas administraciones Públicas con competencias en materia de vivienda, así como la asignación de los recursos públicos disponibles a los colectivos con menores ingresos y actuaciones en áreas tensionadas

Asimismo, pide el incremento de la participación del sector privado institucional en el mercado del alquiler que aumente la profesionalización del sector, el refuerzo de la seguridad jurídica y la reducción de la “incertidumbre regulatoria” para aumentar las inversiones y reducir los riesgos y la mejora de los procedimientos administrativos relacionados con las políticas de suelo y urbanismo, así como el impulso de la rehabilitación de viviendas.

Por último, pide combinar el diseño de las políticas de vivienda con reformas estructurales (productividad y empleo), reformas tributarias y mejoras en las políticas de transporte metropolitano.

CONSECUENCIAS

El Banco de España analiza los impactos de los problemas de acceso a la vivienda y los efectos negativos económicos y sociales. Para el organismo liderado por De Cos, los “efectos negativos” sobre el crecimiento económico a largo plazo, la desigualdad intergeneracional de la riqueza o los niveles de exclusión social justifican la adopción de políticas públicas para corregir estos problemas.

El problema de acceso a la vivienda “disminuye la capacidad de aprendizaje, la acumulación de capital humano o el emparejamiento de habilidades en el mercado laboral”, lo que genera una “mala asignación del factor trabajo que genera pérdidas agregadas de productividad y bienestar”.

Asimismo, reduce la movilidad laboral, especialmente de los jóvenes, lo que “disminuye la capacidad de aprendizaje, la acumulación de capital humano o el emparejamiento de habilidades en el mercado laboral”. También aumenta el gasto en vivienda dando lugar a hogares restringidos, lo que incrementa “la sensibilidad del consumo agregado y de la actividad económica ante cambios en los precios inmobiliarios”.

Además, retrasa la formación de hogares y puede contribuir a una “menor natalidad y acumulación de capital humano”, lo que “reduce la capacidad de crecimiento potencial de la economía”. Por último, incrementa las situaciones de sobresfuerzo y vulnerabilidad de los hogares, lo que limita la capacidad de ahorro y condiciona el proceso de acumulación de la riqueza de los jóvenes a lo largo de su ciclo vital.

POLÍTICAS PÚBLICAS

El Banco de España señala que las administraciones están desplegando un amplio conjunto de medidas con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda, aunque deben considerarse sus riesgos y evaluar sus efectos.

En este sentido, apunta que está desplegándose con una mayor protección sobre los inquilinos con la ampliación de la duración de los contratos, la limitación de las actualizaciones de rentas o el endurecimiento de las condiciones de desahucio. Esta política reduce las situaciones de sobresfuerzo “en el corto plazo”, pero genera “riesgo de contracción de la oferta para los colectivos vulnerables y aumento de los precios del alquiler”.

Acerca de los nuevos indicadores de precios del alquiler y el marco para la declaración de zonas tensionadas que permitan la introducción de controles de precios, apunta que aumenta la información pública disponible y la contención del esfuerzo de los inquilinos, pero genera riesgo de “efectos no deseados” sobre la oferta como la derivada al mercado turístico o de temporada.

Sobre las medidas de apoyo a la demanda como los avales del ICO o los bonos al alquiler, considera que puede trasladarse a los precios finales “generando transferencias de recursos públicos a la oferta y escasa efectividad ante una oferta rígida”. Ante las medidas destinadas a aumentar el parque de alquiler asequible, señala que requieren “un esfuerzo presupuestario elevado y sostenido para reducir el actual desajuste con la demanda”.

Por último, sobre la agilización de la concesión de licencias urbanísticas, el incremento del volumen de suelo edificable, el grado de edificabilidad o el uso residencial de los bienes inmuebles, asegura que generará un “impacto positivo sobre la oferta agregada de vivienda residencial en un horizonte de medio y largo plazo, y en un contexto de coordinación entre las administraciones públicas”.