La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica mantiene en relación con determinados grupos de personas con discapacidad severas restricciones en la toma de decisiones, contrarios al tratado internacional de la discapacidad, que es preciso actualizar, insiste el Cermi.

"La legislación sanitaria, con carácter general, no ha hecho suyo el nuevo modelo de apoyo a la toma de decisiones de personas con discapacidad establecido en la Ley 8/2021, persistiendo en el esquema tradicional de la negación o la limitación en el ejercicio de la igual capacidad legal", explica.

Para el Cermi, "este desajuste grave entre la legislación civil, sustantiva y procesal, y la sanitaria hace imprescindible la actualización de esta última normativa, incorporando a la regulación legal de autonomía del paciente y al resto de leyes conexas del ámbito de la salud y la biomedicina todo el acervo derivado del artículo 12 de la Convención de la ONU de Discapacidad".