Pérez Bueno planteó esas diez demandas en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que en esta legislatura vuelve a tener un carácter temático exclusivo tras integrarse esa área en la Comisión de Derechos Sociales durante la legislatura pasada.

La comparecencia de Pérez Bueno, que contó con intérpretes en lengua de signos, fue solicitada por el PP y fue la primera de otras de representantes del sector de la discapacidad en la citada comisión parlamentaria.

El presidente del Cermi señaló que el cambio constitucional del artículo 49, que elimina el término ‘disminuidos’ por ‘personas con discapacidad’, supone “un gran logro como sociedad democrática avanzada” que contó con el apoyo de más del 90% del Congreso y el 98% del Senado.

“Nuestra democracia está más amplia y más robusta”, celebró, al tiempo que indicó que, con ello, España se sitúa a “la vanguardia del constitucionalismo social en materia de discapacidad en el mundo”.

Sin embargo, Pérez Bueno subrayó que esa modificación “no es neutra”, sino que “carga de arsenal político, legislativo, programático y de conciencia para actuar más intensamente y más reforzadamente en materia de inclusión, derechos y bienestar de las personas con discapacidad y sus familias”.

Así, destacó que esa reforma constitucional “desata una espiral de cambios, acelera procesos y debe reforzar la promoción, la protección y la garantía de los derechos” de ese sector de la sociedad.

PETICIONES “FACTIBLES”

Por ello, planteó diez demandas “factibles” y “posibles” para las que pidió el apoyo de los diputados en el Congreso. Una de ellas es modificar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social para “acompasarla” al texto constitucional, y como “medida transitoria” de “una nueva legislación de nueva planta, derivada del artículo 49”. A ello se le añade los desarrollos reglamentarios pendientes de esa ley, como el real decreto de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.

Otra petición es cambiar la Ley General de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, de 2007, con la “reescritura” de toda la norma, regular la asistencia personal como prestación central del catálogo de prestaciones y servicios, que el copago deje de ser “confiscatorio”, incluya una Estrategia Española de Desinstitucionalización y asimile legalmente las situaciones de dependencia al grado mínimo de un 33% de discapacidad.

Además, Pérez Bueno propuso el cese de la mayor vulneración “legal” de derechos humanos que subsiste en el ordenamiento jurídico con la derogación de tratamientos e internamientos forzosos por razón de problemas de salud mental, lo que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Autonomía del Paciente.

Otra demanda “reiterada”, “insistente” y “cansina”, según Pérez Bueno, es la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para asegurar la “accesibilidad universal” a la vivienda, “hoy gravísimamente comprometido, incluso negado, para personas con discapacidad y mayores”. “Se calcula que hay 100.000 personas prisioneras en sus casas sin culpa porque no tienen ascensor, no tienen rampas y la ley no permite que la comunidad de propietarios acceda a esas legítimas solicitudes de dotar de accesibilidad a esos inmuebles”, dijo.

También propuso acometer el mandato de la última reforma educativa sobre adoptar un Plan de Inclusión Educativa hasta 2030, establecido en la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación, aprobada a finales de 2020 y conocida como Lomloe.

En materia laboral, solicitó llevar a cabo las recomendaciones del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el fin de avanzar en la “inclusión social decente” de las personas con discapacidad, en palabras de Pérez Bueno.

“ACTÚEN, POR FAVOR”

La séptima demanda se refiere a crear un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal similar al de cultura para restaurar, promocionar o recuperar bienes culturales de patrimonio histórico, y que esté dotado con un 1,5% de los presupuestos de los ministerios de Vivienda, Transportes y Transformación Digital.

Otra se refiere a actualizar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), en especial del catálogo ortoprotésico -el más cercano a las personas con discapacidad- en dos temas: eliminar los límites de edad para prótesis auditivas y la exigencia de que la sordera sea en los dos oídos, e incluir productos de apoyo deportivo este año, que coincide con los Juegos Paralímpicos de París.

Pérez Bueno abogó por un Plan de Acción de Mujeres y Niñas con Discapacidad, culminar una macroencuesta de violencia contra mujeres con discapacidad y un programa de reparación efectiva -incluso con indemnización económica- a las víctimas de esterilización forzosa, que son principalmente mujeres.

La décima demanda alude a mejorar la sostenibilidad de las asociaciones sociales y de la discapacidad para que se eleve de un 0,7% a un 1% las asignaciones tributarias de interés social que figuran actualmente en la declaración de la renta.

“Las personas con discapacidad y sus familias porque son indisociables, seguimos castigadas sin culpa. Actúen, por favor, legislativamente; dótennos de más y mejores leyes, de más y mejores políticas para que este castigo se vaya atenuando hasta desaparecer, y que la discapacidad sea un elemento más de diversidad valiosa y no algo que, si nos acompaña, nos va a entristecer, amargar o hacer que no podamos aportar todo lo de bueno que tenemos para mejorar la vida colectiva”, concluyó.