Los textos, consensuados ya entre las presidencias española y belga del Consejo y el Parlamento Europeo, se debatieron este martes en el pleno, que mañana procederá a su aprobación definitiva.

Los eurodiputados también se pronunciaron a favor sobre el acuerdo para extender los beneficios de estas tarjetas a ciudadanos de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros de la UE, incluidos solicitantes de asilo y apátridas.

Según Dalli, la nueva tarjeta de discapacidad de la UE permitirá el reconocimiento mutuo de los certificados que acreditan dicha condición entre todos los Estados de la UE, de forma que los ciudadanos con discapacidad que viajen a otro país puedan disfrutar de la gran mayoría de los derechos que les son reconocidos en su Estado de origen.

Esto incluye acceso preferente y gratuito a espacios y bienes culturales y de ocio y a medios de transporte, así como la reducción de tarifas en determinados servicios y el acceso a ayudas.

Del mismo modo, a través de la tarjeta de aparcamiento común, las personas con discapacidad que dispongan de este documento en su país de origen podrán disponer de las plazas reservadas por dicho motivo en los demás Estados miembro.

“Es un paso decidido de cara a garantizar la libertad de movimiento” de 87 millones de personas con discapacidad que viven en la UE, declaró Dalli, y “una exigencia de cara a la implantación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Además, Dalli se felicitó del acuerdo para introducir la extensión de estos derechos a los nacionales de terceros países con discapacidad que “tengan residencia legal en la UE”, y valoró que “el texto comprometido tiene en cuenta la situación de los estudiantes que participan en programas de movilidad”.

Por último, destacó el consenso para que la emisión de la tarjeta de Discapacidad no implique el pago de ninguna tasa.

Gracias a estas directivas, cualquier tarjeta de discapacidad servirá como prueba que acredita tal condición en los demás Estados, lo que sin duda contribuirá a la inclusión social del colectivo, concluyó.

Todos los eurodiputados que participaron en el debate coincidieron en la importancia de estas dos iniciativas y en su relevancia de cara a asegurar “la libertad de movimiento de las personas con discapacidad”.

En su intervención, la eurodiputada del PP español Rosa Estarás declaró que “las personas con discapacidad no cambian de necesidades al cruzar la frontera, así que sus derechos tampoco deberían hacerlo”.