La juez María Ángeles Velázquez, en un auto contrario a la posición de la Fiscalía, ha decidido abrir juicio oral contra el director de 'Canarias Ahora', por una querella del exjuez condenado y encarcelado Salvador Alba. La magistrada ha asumido buena parte de los postulados de la querella de Alba, aseguran Fape y API, y deja el caso en manos de un juzgado de lo penal para que celebre un juicio por varios delitos de revelación de secretos, odio y acoso, sin organización criminal.

Sin embargo, precisan ambas fuentes, "en el mismo caso, la Fiscalía ha sido clara y ha avalado las informaciones de 'Canarias Ahora' sobre Alba": “Constituyó el ejercicio legítimo de su derecho fundamental a la libertad de información” ya que se difundió noticias “de relevancia pública” con datos que “atañen exclusivamente a los hechos noticiables”. A pesar de la posición del Ministerio Público, la jueza ha decidido imponer una fianza de 422.500 euros al periodista, que se enfrenta a una posible pena de 23 años de cárcel.

Esta decisión judicial genera una "profunda preocupación en la FAPE y la API por el riesgo que supone para la libertad de información la falta de ponderación entre el derecho a informar libremente y el amparo a una acusación por delitos de revelación de secretos, odio y acoso, así como que una jueza pueda imponer una fianza tan elevada, en contra del criterio de la Fiscalía, y, de esta manera, asfixiar económicamente a un medio y a un periodista que han desarrollado de forma legítima y veraz su labor periodística, tal y como marca la Constitución Española".

Salvador Alba, recuerdan la Fape y la API, fue encarcelado y expulsado de la carrera judicial después de ser condenado en firme a seis años y medio de prisión. La Justicia condenó al exmagistrado por utilizar su posición en la judicatura para conspirar contra la también magistrada Victoria Rosell y acabar con su entonces incipiente carrera política en Podemos. Además, según el propio Tribunal Supremo, Alba intentó inculpar en una causa judicial a Rosell y Sosa, su pareja, a través de la manipulación de la declaración de un empresario, Miguel Ángel Ramírez. El objetivo era que alguna acción judicial contra la magistrada, ya fuera una querella del ministro José Manuel Soria o una investigación de la Fiscalía, saliera adelante y cortara su trayectoria pública, aseguran.

En este proceso, en el que la juez asume los postulados de Alba contra Sosa por supuestos delitos de revelación de secretos, odio y acoso, la imposición de una elevada fianza para "asegurar las presuntas responsabilidades pecuniarias" supone de facto un "claro ataque a la libertad de información", concluyen las dos organizaciones profesionales. Y por esto exigen que se respete el derecho a la libertad de información y rechazan que se intente asfixiar el periodismo libre.