La reunión se celebrará después de que el Ejecutivo retomara este fin de semana el foco en la vivienda con el anuncio de la eliminación de los permisos de residencia por compra de inmuebles con un importe superior a medio millón de euros, conocidos como ‘Golden visa’.

El encuentro se celebrará a las 10.30 en Moncloa y está confirmada la presencia del presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña), Juan Antonio Gómez Pintado; el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Férnández-Alén; y el presidente de la Asociación de Gestoras de Vivienda, Juan José Perucho.

Por parte del sector bancario acudirá la directora general de la Asociación Española de Banca (AEB), María Abascal, así como también lo harán representantes de UGT. Por la parte gubernamental acudirá la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. No están convocados otros actores del sector, como las empresas inmobiliarias, a través de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI); el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH).

Aunque no se conoce el contenido de la reunión, en las últimas semanas la titular del ramo ha venido enfatizando la necesidad de que haya una mayor colaboración-público privada para atajar el problema de la vivienda.

En esta línea, el Consejo de Ministros aprobó este martes un aval por valor de 2.000 millones de euros para la línea de 4.000 millones de euros de la adenda del Plan de Recuperación que se destinará a promotores privados y públicos interesados en construir vivienda para destinarla a alquiler a precio asequible. Rodríguez enfatizó en la rueda de prensa que a estos préstamos con “muy buenas condiciones” se les han “incrementado sus garantías” con estos avales.

Asimismo, se aprobó finalmente el convenio que activa el despliegue de la línea de avales dotada con 2.500 millones de euros para facilitar la adquisición de primera vivienda por parte de jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo. Una vez formalizado el convenio, el Instituto de Crédito Oficial (ICO), firmará en mayo los contratos con las entidades financieras que se muestren interesadas.

Además, a finales de marzo el Consejo de Ministros aprobó la modificación de la Ley del Suelo, una reforma que constituía una demanda histórica del sector inmobiliario. Desde el Gobierno buscan dar “seguridad jurídica” a los planteamientos urbanísticos y "evitar que los errores formales" los paralicen.

PETICIONES DEL SECTOR

En la clausura de la asamblea general de la patronal de la construcción celebrada el pasado mes, la ministra Rodríguez se encomendó al sector privado para cumplir con la promesa de las 184.000 viviendas en alquiler asequible que ha comprometido el Gobierno para esta legislatura señalando que este incremento de oferta “no puede venir solo de la administración pública”.

En concreto, subrayó el compromiso del Gobierno de lograr una “alianza de país” que busque consolidar la vivienda como “el quinto pilar del Estado del Bienestar” y reiteró que sin los constructores “no podremos hacerlo”. La ministra reconoció que existen “intereses contrapuestos” entre los distintos actores del sector, pero también una “voluntad colectiva” para dar respuesta al problema de la vivienda.

Asimismo, se refirió al artículo 25 de la Ley de Vivienda, que mandata una colaboración público-privada para incrementar la oferta de vivienda asequible. La ministra reconoció que el esfuerzo del país para construir vivienda protegida durante el siglo XX “se hizo especialmente gracias a vosotros, la iniciativa privada”.

Ante la ministra, el presidente de la CNC, Pedro Fernández-Alén, intervino para reclamar la necesidad de alcanzar una construcción de 150.000 viviendas anuales con el que se reduciría la diferencia existente entre los niveles de construcción actual y el número de hogares que se crean. La patronal también pide agilizar los préstamos ICO en los territorios, actualizar los precios de los módulos, y, desde el punto de vista fiscal, implantar bonificaciones del ITP o el IBI por la compra de una vivienda en el medio rural.