En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ángel Víctor Torres anunció que había elevado al gabinete un nuevo informe desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática por “las novedades tras el conocimiento de la comunicación y el informe de las Naciones Unidas del pasado viernes”.

Torres recordó que el Gobierno de Aragón ha aprobado una “mal llamada ley de Concordia” y posteriormente, la Comunidad Valenciana y también Castilla y León presentaron sendas proposiciones de ley en el mismo sentido.

El ministro subrayó que, con fecha 30 de abril, se difundió un informe firmado por tres relatores de Naciones Unidas “que es contundente y que concluye que estas leyes, la aprobada por Aragón y las que se pretende aprobar en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León vulneran los derechos humanos e invisibilizan a las víctimas de la dictadura franquista”.

Sobre el documento, Torres enfatizó que sobre la Ley de Aragón señala que “no se hace referencia a las graves violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen franquista” mientras que “sí se menciona la violencia política de la Segunda República”.

Con respecto al proyecto de ley de Castilla y León, lo que advierte el informe es que “se suprime ahora la palabra dictadura y no condena de manera expresa las graves violaciones de los derechos humanos durante el régimen”.

En el caso de la proposición de ley de la Comunidad Valenciana, la comunicación de la ONU rechaza que incluya a la Segunda República como un período de “profunda crisis”. Para el ministro, “no cabe asimilar una violación sistemática y permanente durante cuatro décadas, que fueron los años de la dictadura, a la violencia provocada por grupos heterogéneos”.

Por todo ello, avanzó que invitará al Gobierno de Aragón, que es impulsor de la única ley aprobada hasta ahora, a una reunión bilateral “para que podamos aclarar los dos gobiernos esta situación y volver al sentido común y a la defensa de los derechos humanos y a la visibilización de las víctimas de la dictadura”.

Y advirtió que, “si eso no fuera posible porque se negara el Gobierno de Aragón, lógicamente seguiríamos los pasos con el Tribunal Constitucional y cualquiera otra institución que preserve los derechos humanos”.