Así lo aseguró durante un debate organizado por Servimedia con Plena Inclusión sobre educación inclusiva, en el que también participaron el director de Aleph-TEA, Pedro del Río; la responsable del Departamento Jurídico de Plena Inclusión España, Inés de Araoz; y Macu Blanco, madre de un joven con discapacidad intelectual alumno del colegio San Ignacio de Loyola.

El proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) apunta, en su disposición adicional cuarta, a desarrollar un plan para que “en el plazo de diez años”, según pide la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

“Este proceso ha sido lento y hay que darle un impulso”, reconoció Celaá, que apunta a que “lo primero” debe ser el desarrollo de la legislación que el Gobierno ha puesto “en pista” y con el real decreto que la desarrolle “para que tenga un plan”. “Y luego con mucha participación, es decir el acuerdo entre centros, familias y organizaciones”, pues “es una cuestión muy compleja” y que “no se puede hacer desde arriba”.

El texto que remitió a las Cortes el Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero quedó finalmente en nada cuando se disolvió el Parlamento y se convocaron oficialmente las elecciones generales. Pero el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez podrá aprovechar el texto y reiniciar la tramitación parlamentaria para que se apruebe durante el próximo curso y entre en vigor en el curso 2020/21.

Ese proyecto concreta que “las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Durante el debate, que contó con la presencia del vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, y del presidente de Plena Inclusión, Santiago López Noguera, la ministra también indicó que “debe corregirse de manera inmediata” que el sistema pueda considerar que un alumno con necesidades educativas especiales salga con la calificación “sin estudios” después de haber pasado por un centro durante más de una década. “Tendremos que resetearlo”, apuntó, en referencia a una posible modificación de la Lomloe en ese aspecto.

En este punto, Celaá recordó que la Lomce “es la ley vigente” mientras no se apruebe otra y que “la educación inclusiva puede ser un principio pero no es un derecho en la legislación vigente española, como dice la Convención de la ONU”. “Queremos que toda la legislación se ajuste a la Agenda 2030”, añadió.

ALUMNO MEDIO

La responsable de las políticas educativas del Gobierno en funciones apostó asimismo por impulsar la educación individualizada, ya que “por definición el alumno medio no existe”. Para ello, se requiere una formación del profesorado “más específica” y con “una sensibilidad”.

“En el contexto general de educación personalizada, todos los alumnos son diferentes”, dijo sobre dar el mismo modelo de aprendizaje “a quienes no aprenden de la misma manera”. Por ello, agregó, entiende la educación inclusiva “como un derecho”, aunque reconoció que también es “compleja, cara, requiere recursos” y una preparación del sistema “más específica que la que ahora tenemos en términos de formación del profesorado”.

La ministra, que también considera que “toda educación debe ser inclusiva”, apuntó asimismo a trabajar sobre el currículum, retirando los “elementos accesorios” para que los alumnos con necesidades especiales que estudien en un centro tengan “un dictamen acorde”.

Sobre esos dictámenes, dijo que “todavía tienen una perspectiva de demasiado rehabilitador terapéutico, en términos más de déficit que de apoyo” y “pueden echar atrás todo un itinerario escolar”. “Hay que tener mucho cuidado con ellos”. Así, propuso como solución que los inspectores tengan “una formación muy específica” sobre ese alumnado, “porque tienen peso, y hay que ponerles en una óptica de cómo se puede resolver”.

Según Celaá, también se tendrán que adaptar los centros, “no sólo en términos de accesibilidad”, sino con profesionales, si no cuentan con ellos, como psicopedagogos, logopedas, enfermeros y fisioterapeutas. El país referente en esta materia, reconoció, es Portugal por la buena evolución que ha tenido en los últimos años.

PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN

La ministra se mostró dispuesta a buscar un pacto educativo con Ciudadanos, tras la propuesta realizada en La Moncloa por Albert Rivera al reunirse con Pedro Sánchez, pero puntualizó que lo haría si el contenido del mismo se centra en un “tronco principal” meramente educativo, y deja "al margen" otros “aspectos que no son propiamente educativos” como los debates sobre la asignatura de Religión o la educación concertada.

“Rivera ha mostrado a Sánchez su disponibilidad a un pacto en educación. Yo estaría dispuestísima, pero siempre que estuviéramos hablando de lo mismo”, indicó para subrayar que el sistema educativo español “es de los más estables” desde los años 90 gracias, especialmente, a “leyes que han salido de cuño socialista”.

Celaá recordó que el programa electoral del PSOE se compromete a un pacto para alcanzar un presupuesto para la educación equivalente al 5% del PIB en 2025 y que ahora esas políticas se acercan al 4%. En su opinión, sobre todo hay que “garantizar la continuidad de la llegada de los recursos” pues “puede ser progresiva o más o menos lenta, pero lo que no puede hacer es detraer”. “El que detrae recursos de la educación o de su capacidad de investigar está poniéndole un dique de contención al conocimiento”, agregó.

La ministra en funciones criticó al anterior Gobierno del Partido Popular, pues “durante la crisis se detrajeron recursos a la educación”. “Es una cuestión que es preciso resolver”, apostilló. Por ello, apeló a que ese pacto educativo tiene que ser “serio” y “sólido de financiación”.

DEMANDAS DE LOS EXPERTOS

Los tres expertos en educación de personas con discapacidad reclamaron a Celaá durante el debate "empezar ya a dar pasos" hacia un sistema educativo inclusivo, en el que exista una única red de centros "para todos" los alumnos, tengan o no algún tipo de discapacidad.

Inés de Araoz, Pedro del Río y Macu Blanco se dirigieron a Celaá para pedir que España avance hacia un modelo de centros único, en lugar del sistema actual en que los centros ordinarios conviven con centros de educación especial, cuya existencia ha sido criticada por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Según De Araoz, el derecho a la educación inclusiva está recogido en la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con discapacidad, con lo que su incumplimiento "supone una vulneración de este tratado. A su juicio, "el problema es que la ley recoge la inclusividad como un principio, pero no como un derecho".

Explicó que esto supone que se procurará la escolarización de todos los alumnos en centros ordinarios pero que, si no se disponen de los apoyos precisos, "se les matriculará en aulas específicas o en centros especiales", situación en la que actualmente se halla el 17% del alumnado con dichas características.

"Por supuesto que este es un derecho de realización progresiva, pero eso no quita que tengamos que empezar a dar pasos para evolucionar del sistema que tenemos ahora, con dos modelos, a un sistema único para que todos los niños y niñas vayan juntos", reclamó De Araoz.

Para Macu Blanco, "en el siglo XXI hablar de que se excluye a un alumno del sistema educativo por discapacidad intelectual es un escándalo". Esta madre tiene un hijo de 16 años con discapacidad intelectual matriculado en el colegio San Ignacio de Loyola de Torrelodones. Se trata de un centro ordinario donde su niño se encuentra ahora muy bien, pero donde la dirección, los profesores y el alumnado han vivido un proceso de adaptación muy importante durante 10 años.

FALTA DE MEDIOS

Para esta madre, el problema es la falta de preparación del profesorado y las excesivas ratios que impiden que de verdad se preste una educación personalizada y verdaderamente inclusiva.

Denunció que, con 32 estudiantes en cada clase, es "muy complicado para un profesor", y destacó que el problema de la educación ordinaria frente a la especial es la falta de recursos. En su opinión, "el éxito de los centros especiales se debe muchas veces al fracaso de la ordinaria".

"Hay niños que han vivido experiencias muy traumáticas, que mejoran mucho en los especiales. Los padres quieren estar tranquilos, y cuando llevan a sus hijos a estos centros y ven que están contentos, que quieren ir a clase, que tienen amigos, que no lloran..., entran en su zona de confort", relató. "Por eso, es normal" que la posibilidad de que se cierren estos centros "les ponga muy nerviosos".

Además, prosiguió, la escolarización en centros ordinarios "requiere un enorme esfuerzo por parte de sus padres, que tienen que ayudarles con los deberes, buscar actividades extraescolares, procurarles muchos apoyos...". "En la educación ordinaria y en el esfuerzo de todo el movimiento educativo por ella no hay ningún interés económico, sólo queremos el bien de nuestros hijos", recalcó.

Desde su experiencia como madre de un niño con discapacidad intelectual, Blanco denunció que "no es justo que después de pasar 10 años en el colegio, hasta los 18, un joven con discapacidad intelectual salga con una calificación que pone 'sin estudios'". "¿Cómo se puede motivar así a un chico si sabe de antemano que va a estar suspenso?". Por ello, reclamó "una evaluación más personalizada" a la hora de conceder los títulos oficiales.

Celaá recogió el guante durante el debate y prometió un currículum "más estractado y flexible", que se adapte mejor a las particularidades del alumno para evitar que nadie deje los estudios sin titulación.

Del Río también exigió un currículum más personalizado y puso como ejemplo los centros de educación especial, que "elaboran un plan personalizado, basado en las necesidades de vida del alumno, en sus habilidades...". En este sentido, reclamó con carácter general un currículum único basado en cuatro competencias: "aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir". "Estas dos últimas apenas se han desarrollado en España y son fundamentales", subrayó.

Por su parte, la ministra Celaá se comprometió a revisar el proceso por el que los especialistas elaboran los dictámenes de escolaridad, que determinan si un alumno con discapacidad intelectual debe asistir a un centro ordinario o de educación especial.

En su opinión, estos dictámenes han estado "muy centrados en los déficits que presentaban los alumnos y muy poco en los apoyos necesarios". "Han tenido un carácter muy rehabilitador, y es preciso cambiar la mirada para pensar con cuántos apoyos (estos estudiantes) podrían mejorar", dijo.

FORMACIÓN DOCENTE

La misma idea expresó Pedro del Río, cuya asociación gestiona una red de 10 aulas para alumnos con autismo, seis de las cuales se hallan en centros ordinarios. "Empezamos en 2006 como un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid, y entonces sí teníamos una dotación muy adecuada, en tanto que era un programa de investigación".

Sin embargo, ocho años después redujeron los fondos, y esto se aprecia en los resultados. Señaló que todo empieza por sensibilizar a los profesores y por mejorar su formación.

A su juicio, a los docentes "les faltan estrategias para tratar la diversidad, no solo en temas de discapacidad, sino también en lo referente a problemas del lenguaje, variedad racial, etc.".

También se necesitan más recursos, prosiguió, pues "en algunas aulas tendrá que haber dos profesores, y muchas veces 18 alumnos en lugar de 30".

Por último, indicó que cuando se realiza una buena sensibilización, los alumnos han demostrado "un acercamiento bastante natural" a los estudiantes con autismo. "Así lo hemos visto en los centros donde trabajamos. Por eso, es importante derribar estos muros que nos hemos levantado nosotros mismos".

A este debate sobre educación inclusiva organizado por Servimedia asistieron también el vicepresidente primero del grupo social ONCE, Alberto Durán; el presidente de Plena Inclusión, Santiago López Noguera, así como otros directivos de ambas entidades.