Las principales dificultades a las que se enfrenta la juventud sorda en su acceso al mercado de trabajo son, tal y como revelan las personas encuestadas, la falta de accesibilidad y los prejuicios acerca de sus capacidades. En muchos casos, las barreras se evidencian nada más arrancar el proceso de selección de personal cuando las empresas les solicitan su número de teléfono para mantener un primer contacto inicial, sin tan siquiera reparar en que son personas sordas.

Tampoco está exenta de obstáculos la entrevista personal. De hecho, del estudio se desprendió que es frecuente que los/as empleadores/as cuestionen la presencia de las y los intérpretes de lengua de signos en dichas entrevistas y que, asimismo, se interesen por aspectos relacionados con la discapacidad o las adaptaciones que requiere la persona sorda que opta al puesto, más que por su formación y sus competencias. Un argumento que, la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, consideró estereotipado y totalmente discriminatorio: “Nuestra valía nada tiene que ver con cuánto oigamos o cómo hablemos”.

Una vez encuentran empleo, la situación de la juventud sorda sigue siendo desigual. De hecho, el estudio llevado a cabo por la CNSE mostró una carencia generalizada en lo que adaptaciones en el entorno laboral se refiere: “A pesar de ser responsabilidad de la empresa adecuar el puesto de trabajo a las circunstancias personales y físicas de cada trabajadora o trabajador, en la práctica no disponen de medios que faciliten la comunicación y el acceso a la información como, por ejemplo, servicios de interpretación y videointerpretación”.

Para paliar esta situación, Díaz insistió en la necesidad de ampliar las acciones en materia de concienciación al empresariado que realiza la Red Emplea de la CNSE, especializada en la orientación e inserción laboral de las personas sordas, tanto durante los procesos de selección como entre los equipos de las propias organizaciones: “Las nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, no pueden dejar atrás a las personas sordas”.

Respecto al nivel de estudios, factor determinante para la consecución de un empleo, se destacó que la proporción de personas sordas con estudios superiores (18,2%) es la mitad de la alcanzada por la población general (36,4%). Y si bien se observan mejores niveles formativos entre los más jóvenes, el estudio reveló que sólo un 9,8% de las personas entrevistadas ostenta un grado universitario.

Para Concha Díaz, la solución pasa por promover una enseñanza bilingüe intermodal (lengua de signos y lengua oral) que permita al alumnado sordo alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades: “Los recursos que se les brinda a lo largo de su trayectoria educativa condicionan su posterior incorporación al mercado laboral”.

A ello cabe sumar las trabas que supone para la juventud sorda la obtención de un título que acredite el dominio de idiomas, ya que las escuelas oficiales se niegan a la adaptación o exención de las pruebas orales. “Se está vulnerando su derecho a acceder a la formación superior y a aprender una lengua extranjera en igualdad de condiciones”.

En lo que respecta a la formación profesional, en el estudio se destacó que la oferta de cursos accesibles para las personas sordas es muy escasa. “Solicitamos que se garantice el acceso a la lengua de signos y a cualquier otra medida de accesibilidad en los cursos de formación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en la formación continua de las empresas, para que lograr un empleo digno y cualificado deje de ser una meta inalcanzable para estos/as jóvenes”.

En materia de empleo público también se percibieron barreras similares. Más concretamente, el estudio planteó una ineficiencia por parte de la Administración a la hora de gestionar las adaptaciones requeridas durante las pruebas de acceso y puso el acento en el malestar de los/as aspirantes sordos/as cuando se cuestiona su capacidad funcional en relación a los requerimientos del puesto de trabajo: “Estamos cansados de que, sin conocernos, se nos encasille y se nos cierren puertas”.

En esta línea, Concha Díaz reclamó que “se ponga a disposición de las opositoras y opositores sordos los recursos que sean necesarios sin que, para ello, se requiera un informe médico preceptivo, y que no se les discrimine por llevar o no audífonos o implantes cocleares, ni por utilizar la lengua de signos”. Asimismo, solicitó que “se bareme el conocimiento de la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en el acceso al empleo público de este colectivo y en la provisión de puestos de trabajo con tareas de atención directa al público”.

Otra cuestión que preocupa es el empleo protegido. Según corroboró el estudio, el miedo a no encontrar puestos adaptados dentro de las empresas ordinarias obliga a muchos jóvenes a autoexcluirse de ciertas candidaturas y a recurrir a los centros especiales de empleo. En este sentido, la presidenta de la CNSE instó al tejido empresarial a un “mayor compromiso social”, y urgió a la propia Administración “a garantizar con medidas efectivas” el derecho a un empleo digno que se contempla en la Constitución Española.

Por último, exigió que se reconozca y regule el perfil profesional de las y los especialistas en lengua de signos y que se mejoren sus condiciones laborales. “Esta ocupación constituye un importante yacimiento de empleo para la población sorda y, como tal, se debe proteger e incentivar”.