En esas citas, el mayor Trapero advirtió a los responsables políticos de que la celebración del referéndum iba a suponer un “problema de orden público”, aunque, según fuentes fiscales, el responsable de la policía autonómica "no llevó a cabo ningún intento de impedir su celebración".

La jueza Lamela acordó finalmente dejar en libertad sin ninguna medida cautelar a Trapero tras tomarle declaración este viernes durante más de dos horas. La magistrada rechaza así la petición de la Fiscalía, que había solicitado libertad bajo fianza de 50.000. Tampoco accedió a imputarle por organización criminal, por el momento, aunque investigará si hubo una estrategia coordinada y reparto de papeles para encarar el 1-O.

Por tanto, Trapero no tendrá que cumplir nuevas medidas cautelares añadidas a las que la magistrada le impuso tras su comparecencia del pasado 16 de octubre, cuando le retiró el pasaporte, le prohibió salir al extranjero y estableció comparecencias quincenales ante el juzgado más próximo a su domicilio.

La jueza señala que los hechos no son nuevos y que Trapero ya fue interrogado por la jornada del referéndum en su primera comparecencia en la Audiencia. De igual modo, considera que lo avanzado de la investigación impide que las diligencias “puedan verse comprometidas", ya que no desempeña cargo alguno y tiene limitadas las posibilidades de destrucción de pruebas. El fiscal Pedro Rubira pidió fianza por "la agravación de su situación procesal”, debido a la imputación de un nuevo delito de sedición.

Trapero comparecía este viernes por tercera vez ante la jueza Lamela para responder de una nueva imputación por un delito de sedición, en el que habría podido incurrir durante la jornada del 1 de octubre, en la que se celebró el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

Trapero habría desviado parte de la responsabilidad sobre el 1-O sobre los responsables políticos de la Generalitat. De hecho, las 17 llamadas registradas entre el exmayor de los Mossos y Jordi Sànchez durante el registro de la sede de la Consejería de Economía del 20 de septiembre se hicieron, según su declaración, por indicación del consejero de Interior.

El ministerio público considera que fue necesaria la intervención de Trapero para que el referéndum se pudiera celebrar y le acusa de ordenar la vigilancia de los dispositivos de Policía Nacional con agentes camuflados de los Mossos en los días previos al 1-O y de no haber incautado ni papeletas ni urnas ni el material informático necesario para la consumación del referéndum. Trapero argumentó que los Mossos cerraron un total de 99 centros de votación, aunque, según el ministerio público, no ha podido justificar que esos cierres resultaran efectivos, ni tampoco que se recogiesen listas de votantes de mesas electorales o que se requisara efecto alguno necesario para las votaciones.

Trapero llegó a las 8.42 horas de la mañana acompañado de su abogada y declaró durante más de dos horas ante la magistrada. La declaración se centró en los hechos sucedidos alrededor de la jornada del referéndum del 1 de octubre. En sus anteriores declaraciones el exmayor respondió por lo sucedido los días 20 y 21 de septiembre, durante el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat que acabó con tres coches de la Guardia Civil dañados y la secretaria judicial siendo evacuada a escondidas por un edificio colindante.

Según el ministerio público, la cúpula de los Mossos trató de aparentar en todo momento que había diseñado un plan operativo para llevar a cabo la orden judicial de suspensión del referéndum, pero que sólo era una apariencia.

Tampoco juega a su favor la declaración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo policial durante el pasado 1 de octubre en Cataluña, quien criticó tanto en el Tribunal Supremo como ante Lamela el dispositivo diseñado por los Mossos para hacer frente a la jornada del referéndum y dijo que Trapero incumplió órdenes directas encaminadas a evitar el 1-O.

El actual jefe de los Mossos d'Esquadra, Ferran López, declara también este viernes en la Audiencia Nacional, donde comparece como testigo. Es la segunda vez que Ferran López declara ante la Audiencia Nacional. La primera fue el 17 de noviembre, cuando defendió la actuación de los Mossos d'Esquadra en las concentraciones ante la Consejería de Economia los pasados 20 y 21 de septiembre y apuntó la imposibilidad de sacar la comitiva judicial del edificio. Ferran López también está citado a declarar el próximo 26 de febrero en el Tribunal Supremo para dar su versión sobre el operativo policial preparado para la celebración del referéndum.

La magistrada Carmen Lamela también tiene pendiente pronunciarse sobre la petición formulada el miércoles por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitó en un escrito que cite como investigados al exdirector de los Mossos d'Esquadra Pere Soler y al exsecretario general del Interior César Puig, ambos por delito de sedición, al entender que su actuación en estos hechos fue "decisiva".