Este colectivo emitió un comunicado después de que el Defensor del Pueblo enviase un requerimiento a Defensa para que aclare la expulsión de la cabo María de las Camelias López, víctima de violencia de género por parte de su expareja y de acoso laboral de un sargento, y a la que el Ejército ha considerado no apta para el servicio por sus condiciones psicofísicas.

AUME recordó que el Defensor del Pueblo dirigió el año pasado una recomendación sobre esta cuestión que se fundamentaba en el reconocimiento del interés legítimo de la víctima para tener una participación activa en los procedimientos disciplinarios, que fue rechazada.

Mostró su sorpresa ante el hecho de que el Ministerio pretenda aprobar una instrucción por la que se impulsan medidas relacionadas con el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el pleno extraordinario del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) del próximo jueves.

AUME rechaza esta norma por considerarla un “preocupante retroceso” en la aplicación de la “tolerancia cero” contra el acoso en las Fuerzas Armadas, ya que en ella se propone la desaparición del término “denunciante” por el de “víctima”, algo que es, dijo el colectivo, “muy negativo”.

Tampoco está de acuerdo con descargar todas las iniciativas de investigación y de protección en la figura de los jefes de unidad, “de tal forma que el principio de alejar la investigación de la cadena de mando, piedra angular de la protección a las víctimas, queda absolutamente desdibujado”.

A su vez, mostró su desacuerdo con que los jefes de unidad sean los que investiguen estos casos y que los apoyos a las víctimas sean previstos en el mismo lugar donde hayan sucedido los hechos, por considerarlo “contrario a los intereses y derechos de toda víctima, a la que no se permitirá tener una participación activa en las decisiones que afectan a sus derechos e intereses legítimos, quedando, por tanto, absolutamente indefensa y desprotegida”.