Esta norma se aplicará a las sociedades que cotizan en mercados de la Unión Europea, y tiene como objetivo mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas que manejan recursos estratégicos y de los gobiernos nacionales.

La actual legislación comunitaria vigente no exige que las empresas extractivas hagan públicos los pagos que realizan al Estado en cada uno de los países en que operan. En consecuencia, este tipo de pagos no suelen revelarse, aunque pueden llegar a representar una proporción importante de los ingresos de un país, especialmente en Estados ricos en recursos naturales.

Los negociadores del Parlamento han logrado que los pagos se publiquen proyecto por proyecto, es decir, por cada licencia obtenida para explotar los recursos.

La legislación también suprimirá el "veto del tirano", una cláusula que eximía a las empresas de proporcionar información sobre pagos en aquellos países donde la divulgación de esos datos se considera un delito.