A pesar de que la Convención es un tratado internacional que asumen los Estados, caso de España, y las entidades supranacionales, como la Unión Europea, el Cermi entiende que la Convención vincula a todas las instancias sociales, incluidas las empresas y corporaciones, que tienen obligación de ser inclusivas, no discriminatorias y accesibles.

Según el Cermi, mediante este programa se busca la adhesión de las empresas con más conciencia social y cívica a la Convención de la Discapacidad, compromiso que tendrán que traducir en políticas, estrategias y medidas para que el entorno empresarial garantice los derechos y la igualdad de las personas con discapacidad en todas las vertientes (trabajadores, clientes, grupo de interés, etc.).

El Cermi espera que las empresas españolas se sumen a este programa y hagan suya la dimensión de inclusión y derechos de la diversidad humana que representa la Convención.