Esta decisión se produce después de una campaña lanzada por Fundación ONCE y el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha contado con la colaboración de KPMG y se ha realizado en el marco del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación.

En concreto, el Consejo del GRI ha encargado al Comité Asesor Técnico (TAC) el desarrollo de indicadores sobre discapacidad, para que puedan se incluidos en las guías GRI existentes, y estudie el proceso más apropiado para su elaboración, así como cuando se debe implementar.

Para Alberto Durán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación ONCE, esta decisión “representa una conquista del movimiento de las personas con discapacidad ante una reivindicación histórica, que ha sido liderado por organizaciones españolas”.

Por su parte, Fernando Riaño, director Corporativo de Alianzas, Sinergias y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Fundosa y Ceosa, ha puesto de relieve que “es un hito histórico para las personas con discapacidad pues permitirá conocer que políticas están desarrollando las empresas en favor de ellas y qué grado de cumplimiento están teniendo, puesto que les ofrecerá una serie de indicadores sobre los que informar”. Destacó también el hecho de que haya sido una iniciativa que ha partido desde España, lo que refuerza el “liderazgo de nuestro país en materia de responsabilidad social corporativa”.

Para Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, esta decisión “supone un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad" y destacó "la capacidad de movilización del movimiento asociativo español de las personas con discapacidad”.

La campaña ha supuesto la adhesión de más de medio millar de firmas y adhesiones de entidades tanto nacionales como internacionales. Así se han sumado a la iniciativa el Foro Europeo de la Discapacidad, la Fundación Bequal, Foro Inserta, y el Business Disabilty Forum, que agrupa a las principales multinacionales británicas, la Fondazione per la Diffusione della Responsabilità Sociale delle Imprese, y el European Foundation Centre, entre otros.

También figuran representantes de partidos políticos, como Carles Campuzano, de CiU y Arturo Delgado y Lourdes Méndez, del Partido Popular; del mundo académico a través de profesores de Esade, IESE, Universidad de Bucarest, Universidad de Constanza, Universidad Anahuac de Mexico, Universidad Europea de Chipre, Universidad de Lucerna, Universidad de Navarra, Universidad Rey Juan Carlos, UNED, Universidad Carlos III, Universidad de Oviedo y organizaciones como CNSE y Feaps.

La iniciativa ha contado con el apoyo de profesionales de empresas como Aena, Banco Popular, Confortel, Alentis, Endesa, Columbia, KPMG, Deloitte, EY, Dechatlon, Sanofi, Telefónica, Vodafone, Corporación Empresarial Pascual, Campofrio, FCC, Indra, Servimedia, Inforpress, Ibermática, Seeliger y Conde, Technosite, Javierre, y de entidades como Aenor, Forética, Fundación Etnor, y Ashoka.