Al respecto, el recién nombrado presidente de Aspel, Juan Ignacio Beltrán García-Echániz, recuerda que la Ley de Desindexación “prohíbe revisar los precios de forma genérica”, una situación que está llevando al sector a la precariedad económica.

“El Gobierno debe abordar en profundidad esta cuestión, consecuencia de la falta de actualización de los precios de los servicios en los contratos firmados con las administraciones públicas. En pleno debate sobre la reducción de la jornada laboral y la subida ya producida en el salario mínimo, se produce la paradoja de que el Estado sube los costes de manera unilateral y no revisa los precios. Además, la subida de otros costes por la pandemia y las guerras han supuesto un incremento extra”, denuncia el presidente de Aspel.

“Si la Ley de Desindexación no se reforma pronto, los sectores de servicios esenciales como la limpieza se ven abocados a la desaparición al enfrentarse a pérdidas económicas inasumibles”, lamenta el presidente de la Patronal, al tiempo que advierte que esta situación “no lo solo tiene incidencia vital a nivel económico, también afecta a la calidad de los servicios prestados e impide mejoras en los salarios, formación y otras condiciones de las personas que trabajan con nosotros”.

En este sentido, desde Aspel consideran “prioritario” que se reforme la Ley de Desindexación para corregir este “gran desequilibrio” que provoca y poder garantizar la prestación de servicios que cumplan con los estándares de calidad adecuados durante toda la vigencia de los contratos.

Desde la Patronal proponen como medidas, para poner solución a la situación actual, la revisión de la Ley de contratos de sector público en el sector servicios (LCSP). Esta revisión, según Aspel, permitiría a las empresas repercutir las subidas del salario mínimo en los contratos de limpieza actualmente en ejecución. “No hay excusas para no llevar a cabo este cambio en la legislación. Es absolutamente posible la reforma para mitigar el impacto negativo que provoca y que pone en riesgo a este sector esencial”, incidió Beltrán.

Asimismo, la patronal también apuesta por “el diálogo” con la Administración y muestran su disposición para negociar la actualización del precio de las contratas y “poner fin de una vez por todas a este grave problema”.