Así lo indicó la directora general de Supervisión del Banco de España, Mercedes Olano, en la rueda de prensa de presentación del ‘Informe Anual 2023’ publicado este martes por el organismo. Pidió “políticas de medio plazo” que involucren “a todas las administraciones”, al considerar que las políticas de corto plazo pueden “generar efectos indeseados”. Olano reclamó que este tipo de medidas “se evalúen de manera rigurosa y detallada”.

Sobre si los problemas de acceso a la vivienda pueden dañar los flujos de trabajadores y afectar al crecimiento, indicó que el Banco de España no tiene un cálculo, pero “indudablemente una reducción de la oferta tendría un impacto la actividad económica de España”.

Por otro lado, indicó que “no todas las soluciones a problema de la vivienda hay que buscarlas en el mercado de la vivienda”, sino en “otros mercados como en el de trabajo”. Apostó por "trabajar en el mercado de trabajo para reducir las brechas y aumentar la capacidad de compra de las personas jóvenes”, ya que “el problema se encuentro en el colectivo de jóvenes y en el mercado del alquiler”.

El organismo pide que las políticas de vivienda “se articulen de manera coordinada” de cara a los próximos años. Además, el informe destaca que entre los municipios con menos de 10.000 habitantes, donde reside cerca del 20 % de la población, se localizan el 45% de las viviendas vacías.

En las ciudades con más de 250.000 habitantes las viviendas vacías representan el 7,5% de su parque total de viviendas. Sin embargo, apuntó que pese a que la movilización de estas viviendas “podría contribuir a aumentar la oferta, entre ellas existe una proporción importante que se encuentran en mal estado, con pobre accesibilidad o con muy baja eficiencia energética, por lo que su movilización exigiría, con carácter previo, una rehabilitación”.

El Banco de España subraya que “se está retrasando la edad de emancipación”, la cuál se produce principalmente “a partir de viviendas cedidas”. Así, apela a que las políticas económicas “tienen que tener en cuenta la magnitud del problema”, ya que se trata de un “problema acumulado de las últimas décadas”. Por ello, propone una “orientación estructural amplia, de medio plazo, que involucre a todas las administraciones públicas con responsabilidades en materia de vivienda".

El organismo defiende que las medidas que se pongan en marcha "deberían priorizar la asignación de los recursos entre los colectivos más vulnerables y considerar otros ámbitos que afectan al mercado de la vivienda, como los relativos al dinamismo de la productividad de la economía y a las políticas tributarias y de transporte".

Por otro lado, apuesta por promover la profesionalización del sector, ya que "el mercado del alquiler residencial en España se caracteriza por la amplia presencia de particulares no profesionalizados". "Aquellas medidas que permitan aumentar la participación de los agentes profesionales serían positivas para incrementar la oferta y, de ese modo, reducir la dinámica alcista de los precios del alquiler", apunta, y en particular "sería deseable vincular la existencia de beneficios fiscales sobre la renta de los propietarios al arrendamiento en forma de alquiler social o a precios asequibles".