La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmaron este viernes en Madrid un acuerdo interdepartamental para renovar y mejorar la flota estatal de aviones anfibios contra el fuego.

Después de más de dos años de negociaciones, la Comisión Europea, en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, ha encargado a la compañía De Havilland Canadá la fabricación de 20 aviones anfibios Canadair del nuevo modelo DHC 515 (una actualización de los Canadair CL-215 y CL-415), siete de los cuales serán “gestionados” en España, según Ribera.

El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio, que opera los aviones, y la UME (Unidad Militar de Emergencias) serán los encargados de gestionar el uso de estas aeronaves.

De ellos, el Gobierno utilizará cinco para ayudar a las comunidades autónomas cuando soliciten medios de refuerzo en la extinción de incendios forestales y dos serán para rescEU, sistema que socorre a los países de la UE que lo soliciten a combatir el fuego en la temporada veraniega.

ENTREGA ESCALONADA

El coste de la compra de esos siete aviones supera los 375 millones de euros. Dos aeronaves son financiadas por la Comisión Europea y el resto serán sufragados por el Gobierno y con fondos europeos.

“Los primeros aviones llegarían en 2027. Serán de entrega escalonada y los pagos también son de forma escalonada”, precisó Ribera, que indicó que el riesgo de incendios forestales se incrementa por el cambio climático.

Respecto a la próxima campaña veraniega contra los incendios, Ribera indicó que España cuenta con “un nivel muy importante” de “preparación” y “profesionalidad” de las personas implicadas, al tiempo que “la dotación de los equipos se ha ido mejorando, la sensibilidad y la preparación social también”.

Por su parte, Robles comentó que en su departamento están “muy implicados en modernizar todo lo que hace referencia a la extinción en la lucha contra los incendios”.

El Gobierno español adquirió la primera nave apagafuegos en la década de 1970. Hasta el año pasado, la flota estaba formada por 18 aviones, pero actualmente, tras la subasta de cuatro de ellos, ya obsoletos, está formada por 14, de los que 11 son propiedad de Transición Ecológica y tres, de Defensa.

Todos ellos se gestionan de forma conjunta, como una única flota, dependiendo orgánicamente de Defensa y funcionalmente de Transición Ecológica, el cual decide sobre su actuación en función del riesgo de incendio y a solicitud de las comunidades autónomas.