El empresario dirige su denuncia contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal que le investigó, Julián Salto, por haber difundido un comunicado de prensa en el que daban cuenta de los correos que les había enviado el abogado de González Amador, en los que reconocía la comisión de dos delitos fiscales y pedía un acuerdo al Ministerio Público.

La Fiscalía hizo público ese comunicado después de que la Comunidad de Madrid filtrara a varios medios de comunicación que era la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a la pareja de la presidenta. Ahora, a través de una declaración institucional, García Ortiz asume “la responsabilidad última de esa nota de prensa” y explica que estaba “informado” de que iba a publicarse.

Según indica el fiscal General, ese comunicado de los fiscales madrileños “se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios”. Añade también que el comunicado “no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia” sobre la investigación y asegura que no se quebró el deber de reserva porque “el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones”.

El fiscal general recurrió a los criterios del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, que en su octava reunión plenaria dispuso que “cuando un fiscal individual sea objeto de un ataque injusto a través de los medios de comunicación, así como cuando se hayan difundido informaciones falsas sobre personas o hechos relacionados con algún procedimiento del que se ocupe un fiscal, la reacción debe provenir preferentemente del máximo responsable de la fiscalía o de un portavoz de ésta y, en casos importantes, del Fiscal General o de la máxima autoridad responsable del ministerio fiscal”.

García Ortiz pasa a continuación a “reconocer públicamente la labor y el desempeño profesional” de los dos fiscales y hace hincapié sobre el derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la constitución a “recibir libremente información veraz”. En ese sentido, destaca que la ley atribuye al Ministerio Fiscal “la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia”.

“No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución”, dice el fiscal general, quien insiste en que no va a “consentir que la fiscal jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva”.

En consecuencia, señala que esta declaración deber ser interpretada como un “respaldo” a los fiscales denunciados, “que no han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico”.

La declaración de García Ortiz finaliza destacando que “la Fiscalía española actúa con absoluta imparcialidad, objetividad y neutralidad política en el ejercicio de sus funciones. Y que ningún ciudadano o ciudadana de este país recibirá un tratamiento distinto por motivos ajenos al proceso” y concluye que su actuación “se enmarca siempre dentro de la Ley, porque fuera de la Ley no hay nada”.