Según apuntó la patronal en un comunicado, esta tasa, ideada en el marco de la reforma de las pensiones del 2023, provocará que la parte del salario que se encuentra por encima de la base máxima de cotización (que hasta ahora estaba exenta de cotizar) sea gravada con tipos impositivos diferentes en función del nivel de ingresos.

Por ello, Foment censuró este incremento de los costes laborales y reclamó al Gobierno medidas para “facilitar la situación de las empresas” y para “no dificultar la contratación y el mantenimiento del empleo”.

Asimismo, la patronal catalana apuntó que el aumento de los costes laborales “complica el crecimiento de las pymes”, pues se incrementaron hasta un 5,3% el último año, el porcentaje más alto de los últimos 15 meses y ocho trimestres consecutivos con aumentos interanuales superiores al 5%, según el último ‘Indicador sobre la Situación de la Pyme’ que publicó Cepyme.

Además, Foment subrayó que la subida del Salario Mínimo Interprofesional sitúa la base máxima para cualquier categoría profesional y grupo de cotización en 4.729,50 mensuales o 205,24 euros diarios, un 5% más que en 2023, igual que sube la base mínima, fijada en 1.323 euros al mes. Con este cambio se adaptan las bases mínimas, así como la penalización por la firma de contratos de duración muy corta.

Es por ello por lo que Foment consideró que el Ejecutivo, después de que el Ministerio de Hacienda anunciara una recaudación récord que reduce el déficit fiscal, debería promover medidas que “no afecten ni a los asalariados ni a los empresarios”.

La patronal catalana reclamó a los responsables de la Seguridad Social que “reflexionen”. Esta ‘cuota de solidaridad’, junto con la no deflación del IRPF, hace que “sean perjudicados trabajadores y empresarios porque, aunque aportan, no reciben ningún beneficio ni incentivo”.

Además, Foment insistió en reclamar al Gobierno reducir el gasto corriente de la administración, que “ya es insostenible”. “No se puede estar constantemente incrementando la presión fiscal sin ninguna política de mejora de la eficiencia en el gasto público. Es evitando el desperdicio de recursos como las administraciones deben reducir la deuda pública, no haciendo perder poder adquisitivo a los asalariados”, aseguró en el comunicado.