Así lo anunció este martes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Bolaños compareció para dar cuenta del ‘Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos”.

El ministro explicó que este plan contiene distintas medidas para reparar a los afectados, al tiempo que anunció que el jueves pasado se reunió con el presidente de la CEE, Luis Argüello García, y con el secretario general de esta entidad para estudiar diversos aspectos de esta cuestión, incluidas las indemnizaciones.

“VOLUNTAD DE COLABORAR”

El titular de Presidencia señaló que la posición del Ejecutivo es que es necesario que la Iglesia “sufrague y asuma” el coste de las reparaciones a las víctimas de delitos sexuales cometidos en su seno. Indicó que ve que la institución que preside Argüello tiene “voluntad de colaborar”.

Asimismo, defendió que ahora es necesario “trabajar conjuntamente” para que se lleve a la práctica esta voluntad de la Iglesia de indemnizar a los afectados. Explicó que el objetivo es que “ninguna víctima” quede fuera.

Indicó que debe “continuar” el diálogo iniciado con la Iglesia y que es “imprescindible” que desde la CEE se asuma la “responsabilidad” de indemnizar a las víctimas. “No se entendería que no fuera así”, afirmó.

Bolaños se refirió a que el criterio del Ejecutivo es que debe ser un “órgano independiente” el que determine las compensaciones, pero resaltó que es necesario que se produzca este resarcimiento. Destacó que fueron “muy altas” las cifras de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que reveló el informe del Defensor del Pueblo.

ACTO DE RECONOCIMIENTO

En cuanto al contenido del Plan, el ministro señaló que se prevé la implantación de las distintas medidas hasta 2027. Hasta esa fecha se desarrollarán iniciativas como cambios legales para que haya delitos relacionados con los abusos sexuales que sean imprescriptibles y que la responsabilidad civil se amplíe a 35 años.

También se contempla un “acto público de reconocimiento” a los afectados por estos delitos, ya que se trata de lograr una “reparación simbólica” de los que han sufrido este tipo de violencia.

En el apartado de atención a este colectivo, Bolaños apuntó que se contemplan actuaciones como crear “salas amigables” en los juzgados para que en los procesos judiciales las víctimas no tengan contacto con sus agresores. También ese garantizará la asistencia jurídica gratuita a este colectivo.

Otra vertiente del programa se refiere a la formación, lo que contempla la sensibilización y formación de los profesores para que denuncien cualquier tipo de actuación delictiva en este terreno.