Así lo indicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, tras la reunión en la que participó junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con representantes del sector inmobiliario, construcción, bancario y sindicatos para abordar soluciones a la problemática de la vivienda en España.

El cambio en la normativa saldrá hoy mismo a consulta pública y tras el período de alegaciones se aprobará con el objetivo de “agilizar la promoción de nueva vivienda” y “facilitar la financiación también a los promotores privados y públicos”. El sector promotor había reclamado la actualización de la norma ECO/805/2003, que data del año 2003.

En concreto, posibilitará el uso de la ‘licencia básica’, una normativa que han desarrollado algunos ayuntamientos como el de Madrid que permite, cumpliendo unas condiciones, arrancar las obras a la espera de la licencia de obra completa. Los promotores habían encontrado problemas para obtener financiación para los proyectos debido a esta cuestión.

“Lo que hacemos es facilitarles la financiación porque se necesitaba la interpretación de las entidades financieras y del Banco de España en esta dirección. Se necesitaba esta aclaración de la orden ECO para ver si estos nuevos medios que están ya en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas podían obtener financiación”, afirmó Rodríguez, quien también deseó que puedan servir a otros ayuntamientos para “inspirarse” e incorporar esta medida.

“BUENA REUNIÓN”

La ministra trasladó que esta medida había sido “muy celebrada” en una reunión que calificó como “muy buena” en la que también se ha acordado elevar la presencia del tercer sector y de la economía social a la elaboración de las políticas de vivienda.

Asimismo, Rodríguez subrayó el papel del sector de la construcción y destacó que “sigue dándonos buenas noticias y buenos datos de empleo” y, por ello, “tiene que seguir contribuyendo a la modernización del país”. La ministra apostó por la digitalización y la industrialización de la construcción y, sobre todo, por la captación de mano de obra, problema reivindicado por las patronales en los últimos años.

Con ello, Vivienda va a trabajar con la Fundación Laboral de la Construcción, formada por patronal y sindicatos del sector, para lanzar una campaña “comprometida de la captación de talento”, dirigida especialmente a la incorporación de mujeres y jóvenes, cuya presencia en la construcción es minoritaria.

ALQUILER

La ministra también realizó un llamamiento a los propietarios de viviendas del alquiler. “Les necesitamos porque hoy el 95% de viviendas en alquiler lo son de propietarios particulares”, dijo Rodríguez, quien prometió trabajar para aportarles “certeza, seguridad jurídica y garantías” para que puedan incrementar el parque de vivienda de alquiler asequible.

La ministra recordó que existen deducciones fiscales al alquiler que alcanzan el 90% en zonas tensionadas, pero reconoció que deben “profundizar aún más” en garantías y certezas. Señaló que han proporcionado instrumentos a las comunidades autónomas a través de un programa del Plan estatal de Vivienda que llega a considerar la garantía de rentas. “Vamos a seguir explorando. No van a faltar instrumentos y no va a faltar empeño”, prometió.

Sin embargo, descartó que el Estado pueda declarar zonas tensionadas en aquellos lugares donde las comunidades autónomas se niegan a hacerlo, tal y como han hecho todos los ejecutivos regionales del PP. Rodríguez realizó un “llamamiento” a las comunidades con zonas tensionadas a que “atiendan la exigencia de la ciudadanía” y a sus alcaldes, que “lo están pidiendo”.

En concreto, pidió a la Comunidad de Madrid, que “ejerza su competencia” y “asuma las leyes de tanto en cuanto el Tribunal Constitucional se pronuncie”. “Uno no puede mirar a otro lado porque estamos hablando de la vivienda y si no vivienda no hay vida. Yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tendría que atender la vida de los madrileños”, afirmó.

REUNIÓN SEMESTRAL

En la reunión, que la ministra apuntó que se repetirá semestralmente, estuvieron presentes representantes de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS), Confederación de Cooperativas de Viviendas de España (Concovi), Asociación de Gestoras de Vivienda (AGV), Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr)-

También participaron instituciones como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España; representantes de la banca como Asociación de Banca (AEB), y Cecabank; los sindicatos CCOO y UGT; y organizaciones como Consejo de la Juventud de España, Plataforma del Tercer Sector, Hogar Sí y ProVivienda.

Por parte del Ejecutivo, también participaron el ministro de Economía Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Israel Arroyo, y el secretario general de Vivienda y Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero.

No estaban convocados en cambio las empresas inmobiliarias, a través de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI); el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH).