La Cámara Baja contesta así al conflicto de atribuciones que le planteó la Alta la semana pasada y que carece de precedentes en la historia de la democracia española. La aprobación de este informe, sin embargo, no estuvo exenta de polémica y produjo un nuevo choque entre los miembros de PP y PSOE en la Mesa del Congreso.

Según fuentes presentes en la reunión de la Mesa –que se alargó más de una hora cuando habitualmente se prolonga unos 25 minutos–, el PSOE propuso a través del vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, añadir un décimo punto al informe de los letrados de la Cámara con un enfoque político. En este epígrafe, el texto aprobado por el órgano de gobierno del Congreso afea al Senado su "deslealtad institucional", según avanzaron ambos partidos.

Ante esta maniobra del PSOE, que se saldó con éxito, el PP contestó "con contundencia" a este "ataque intolerable" a la Cámara Alta. "Se puede calificar de cualquier cosa, pero nunca como una patraña", respondieron fuentes del Grupo Parlamentario Popular, que defendieron que el Senado se limitó a hacer uso de las competencias que le otorga la Constitución.

Los socialistas, en cambio, consideran que el Senado se ha "travestido" de Tribunal Constitucional, por lo que veían oportuno incluir este punto para apelar a la Cámara Alta a que vuelva a "la senda institucional".

DISCUSIÓN CON EL LETRADO MAYOR

El desacuerdo entre ambas partes no terminó ahí. El PP advirtió entonces de que la Mesa del Congreso carece de competencias para aprobar la respuesta del Congreso al requerimiento del Senado, porque, a su juicio, esta decisión corresponde al Pleno de la Cámara Baja.

El PSOE, con el apoyo del secretario general y letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, negó la mayor y apuntó que el artículo 31.7 del Reglamento del Congreso atribuye a la Mesa "cualesquiera otras que le encomiende el presente Reglamento y las que no estén atribuidas a un órgano específico".

El PP volvió entonces a la carga y respondió que el artículo 129 del mismo Reglamento, sin embargo, especifica que la retirada de una proposición de ley –que es lo que requiere el Senado– "solo será efectiva si la acepta el Pleno de la Cámara", por lo que la Mesa se "extralimita" al aprobar este informe jurídico y dar respuesta al conflicto de atribuciones. "Es un fraude de procedimiento muy grave", apostillaron las fuentes consultadas en el PP.

En medio de esta discusión, el letrado mayor del Congreso apuntó que existía un precedente de 1986 en el que se confirió estas competencias a la Mesa del Congreso, pero, según los populares, en aquel caso se trataba de un acuerdo de la Mesa y no "del todo de la tramitación" de una proposición de ley, por lo que desacreditaron su argumento.

RESPUESTA DEL SENADO

En este contexto, el PP estudia ya qué acciones legales puede adoptar para impugnar el acuerdo de la Mesa del Congreso. Mientras, en el Senado no dan pistas de qué pasos darán ahora ni si llevarán el conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional.

De hecho, dentro del principal partido de la oposición existen dudas sobre la conveniencia de acudir ya al Tribunal Constitucional, ya que hay quien sospecha que podría hacerse valer de su mayoría progresista para avalar la tramitación de la amnistía.

La decisión se tendrá que tomar en un mes a contar desde el momento en el que el Senado reciba la respuesta del Congreso. No obstante, dentro del PP hay quien opina que la Cámara Alta tiene entre sus posibilidades considerar que la Baja no ha contestado a su requerimiento por no hacerlo de la forma debida, es decir, a través del Pleno. De ser factible este escenario, el plazo de un mes no empezaría hasta el 10 de mayo.

RECURSO DE INCONSTICIONALIDAD “ENCUBIERTO”

En lo que se refiere a la respuesta del Congreso, más allá de la inclusión de un nuevo punto, el informe de los letrados del Congreso no ha experimentado cambios, por lo que mantiene los tres motivos por los que rechaza dar marcha atrás.

La primera de esas razones es que entiende que el conflicto se presentó fuera de plazo. La segunda defiende que el Congreso se ha limitado a cumplir con sus atribuciones en base al artículo 90 de la Constitución y que no tiene competencias ahora para paralizar una iniciativa porque esa decisión corresponde al grupo parlamentario proponente. Y la tercera y última es que, a su parecer, la “verdadera pretensión” del Senado es presentar un recurso de inconstitucionalidad “encubierto y extemporáneo”.