Así lo demandaron en un comunicado en el que lamentaron que “a solo 12 días” de que concluya dicha moratoria el Ejecutivo de Pedro Sánchez “no ha anunciado aún su prórroga” y exigieron “cambios estructurales” que vayan “más allá de las prórrogas del escudo social o de medidas ligadas al bono social eléctrico”.

“Esta moratoria ha sido prorrogada en varias ocasiones, siempre in extremis, lo que alimenta un clima de incertidumbre para una de cada cuatro personas en España, población que actualmente se encuentra en situación de exclusión social según el Informe Foessa 2021”, advirtieron, al tiempo que juzgaron “imprescindible” mantener dicha moratoria “mientras no se tomen medidas estructurales y permanentes” en la actual normativa de protección de las familias “vulnerabilizadas”.

En este sentido, denunciaron las “insuficientes” medidas adoptadas por el Gobierno y mostraron su “preocupación” por el hecho de que no haya “abordado” todavía la resolución de la deuda contraída por las familias con las compañías suministradoras durante la moratoria de cortes y que genera “angustia” en las mismas. Además, abogaron por la firma de convenios con las compañías suministradoras de energía para “sufragar” las facturas impagadas por parte de familias “vulnerabilizadas” desde el inicio de la moratoria y “hasta que no se implementen medidas definitivas”.

MUCHAS FAMILIAS FUERA

Tras resaltar que la moratoria de cortes solo protege a familias beneficiarias del bono social o que cumplan los requisitos, criticaron que deja a “muchas familias vulnerabilizadas fuera mientras no se adopte la ampliación a otros colectivos definidos en la nueva agenda europea del consumidor, se amplíe la definición de consumidor vulnerable y se automatice el procedimiento de acceso a estas medidas de protección.

En paralelo, exigieron que se obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación del hogar “antes de cualquier corte” y a “garantizar” el suministro si se produce “una situación de vulnerabilidad”,

Junto a ello, reclamaron la implementación de una tarifa social progresiva en función de los ingresos de los hogares que “garantice un mínimo vital de agua y energía” así como la “concreción” en la normativa y el “reconocimiento por ley” de un “mínimo vital de agua para beber, cocinar e higiene básica” que “garantice la vida y la salud” de las personas y la asunción de los costes de la pobreza energética por parte de las empresas, entre otras medidas.