Según informaron fuentes del PP, el Grupo presentó un escrito firmado por la portavoz, Alicia García, con el objetivo de que la Cámara Alta “pueda disponer del informe durante la fase de presentación de enmiendas y propuestas de veto, o, en todo caso, dentro del plazo con el que el Senado cuenta para la tramitación de dicha ley”.

El PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, denunció que el fiscal general del Estado “se ha negado a la redacción de dicho informe alegando la existencia de impedimentos legales, al tratarse de una proposición de ley y no de un proyecto de ley”.

Sin embargo, los populares subrayaron que tales impedimentos legales no existen en este caso, “ya que el Ministerio Fiscal no es un órgano consultivo del Gobierno y el informe relativo a los proyectos legislativos es exigible cuando afecta a la estructura, organización y funciones del mismo Ministerio Fiscal”.

“La Proposición de Ley Orgánica de Amnistía contiene disposiciones en materia de derecho y procedimiento penal y menciona expresamente la actuación del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones”, recoge el escrito.

EL PAPEL DEL PRESIDENTE

Por otra parte, el Grupo Popular destacó que el propio presidente del Senado, Pedro Rollán, es quien valoró “la conveniencia de contar con esa opinión experta” del Consejo Fiscal.

Alicia García añadió las conclusiones de la Comisión de Venecia a la petición: “El informe de este órgano europeo es rotundo en este sentido y señala que las consultas significativas deberían ayudar a los órganos electos a evaluar la proporcionalidad de la amnistía prevista”, argumenta.

Por todo ello, desde el PP enfatizaron que “ninguna norma condiciona la relación entre el Ministerio Fiscal y las Cortes Generales y ninguna disposición establece la prohibición de que esta colaboración en materia de informes pre legislativos, máxime cuando contribuye a afianzar las garantías democráticas propias del Estado de Derecho”.