El tribunal considera, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que los hechos recogidos en la querella no revisten los caracteres del citado delito, ni de cualquier otro, y que los querellantes no han acreditado mínimamente indicio alguno de comisión de un hecho delictivo que pudiera hacer procedente la incoación de un proceso penal.

El Supremo considera que los elementos a los que alude la fundación querellante son sólo diferentes publicaciones periodísticas dedicadas a poner en duda la imparcialidad del presidente del Tribunal Constitucional en relación con este asunto.

El auto del TS señala, sin embargo, que esos artículos “son simples alusiones a la recta honorabilidad del querellado sin más fundamento que la referida publicación y que no se avalan en nada más que en simples opiniones, sin mayor fundamento fáctico”.