Así lo defendió este jueves su vicepresidente, Carlos Susías, durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados para informar sobre las propuestas de la plataforma para una legislatura “más social” y en la que admitió que las medidas “paliativas” son “importantes y necesarias, pero dejan al pobre sufriendo menos, pero pobre” y pidió medidas “para erradicar la pobreza”, convencido de que esta es “consecuencia de las políticas que se toman”.

Por lo que respecta a la familia, estimó que “necesitan apoyos”, lo cual, dijo, “tiene que ver con la prestación por hijo a cargo”. “Las familias necesitan un apoyo claro y material directo y eso tiene que ver con la prestación por hijo a cargo o prestación de crianza”, abundó, al tiempo que reclamó medidas que permitan conciliación, dado que, según sus cálculos, “más del 50% de las familias monoparentales, que en más de un 80% son monomarentales, están en situación de pobreza y exclusión social”.

“Es especialmente importante que tengamos una Ley de Familias que vaya en la dirección de apoyar a las familias en la situación que están viviendo ahora”, sentenció en torno al texto que se tramita en la Cámara Baja a instancias del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, y que este miércoles amplió su periodo de enmiendas hasta el 3 de mayo.

En la misma línea, se mostró consciente de que, para abordar la pobreza infantil, “son necesarias medidas de apoyo directo a la infancia, a los niños y adolescentes” y de que “no hay ningún niño pobre en una familia rica ni ningún niño rico en una familia pobre”, por lo que, si no se ataja la pobreza en la familia “es muy difícil afrontar la pobreza infantil”.

Junto a ello, instó a “darle una vuelta” al IMV y llamó a “mejorar” la “coordinación” con las comunidades autónomas, convencido de que “no pueden detraer sus recursos porque haya llegado el IMV, sino complementarlo”, así como a “desburocratizarlo y adecuarlo a lo que es la realidad de la familia en el momento que lo solicita”.

“Las comunidades autónomas son muy celosas de sus competencias e igual de celosas de las competencias tenían que ser para poner dinero en sus competencias y no solamente aprovechar que llega este apoyo del IMV para retirar determinado tipo de recursos”, abundó, para lamentar que es algo que “venía ocurriendo y se está intensificando”, teniendo en cuenta que la medida supone, a su entender, “un avance en política social impresionante en los últimos años”.

RETOS Y DESAFÍOS

Entre los “retos y desafíos” del sector y de la sociedad en su conjunto, destacó los de “reducir al máximo la desigualdad, la pobreza o la exclusión social; alcanzar el máximo de reconocimiento y protección de los derechos sociales; lograr un diálogo real, permanente y efectivo con el tercer sector y las administraciones públicas y alcanzar un modelo de financiación estable y sostenible”.

En este contexto, recordó que, “a pesar del aumento generalizado de la renta, el 37,1% de la población afirma no contar con capacidad para hacer frente a gastos imprevistos”, por lo que llamó a adoptar “medidas específicas y concretas que permitan acabar con esta situación” que la plataforma ha recogido en un documento “guiado” por “tres ejes”, el primero, relacionado con el reconocimiento y garantía de derechos; el segundo, relacionado con el diálogo civil que permita “un mayor reconocimiento e implicación” del tercer sector en otros órganos institucionales y un tercero relacionado con la sostenibilidad financiera de las entidades sociales.

Con respecto al primero, también hizo hincapié en la relevancia de “fortalecer los servicios sociales”, sabedor de la necesidad de contar con un sistema común de información que sea “lógico y racional” dentro de la estructura de servicios sociales y “clarificar y simplificar el papel del Tercer Sector en la prestación y en la gestión de los servicios sociales en este país”.

Asimismo, emplazó a “sacar” de la Ley de subvenciones las prestaciones y las ayudas a las familias más vulnerables, algo que consideró que “no se sostiene y es una barbaridad”.

VIVIENDA

Por otra parte, advirtió de que el problema de la vivienda “se está convirtiendo en una máquina destructora de estabilidad familiar, en una generación de exclusión y de pobreza” que es necesario “afrontar con medidas inmediatas”, al igual que “modificar” la Ley de Propiedad Horizontal “para que las viviendas sean accesibles”, porque hay personas “secuestradas en sus pisos”.

En cuanto a los derechos de las personas mayores, puntualizó que garantizarlos “no solamente tiene que ver con la soledad no deseada” que estimó “importante afrontar” y demandó una ley integral para los derechos de las personas mayores así como el “apoyo” de España a una futura Convención Internacional de los Derechos de las Personas Mayores.

Por lo que se refiere al segundo de los ejes, que tiene que ver con el diálogo civil, pidió “desarrollar y poner en marcha” las leyes del Tercer Sector y del Voluntariado y, en cuanto al tercero, la plataforma reclama “un cambio de modelo de financiación de las entidades sociales”.

“Necesitamos avanzar hacia un modelo que sea más estable, más sostenible y garantista, que se ajuste a la realidad de las entidades sociales del sector y al papel colaborador con la administración pública”, abundó, convencido de que el sistema de subvenciones actual “requiere una evaluación y transformación sustancial, impulsando más la concertación social y la contratación socialmente responsable” para “cuidar y proteger a este sector”.

En este sentido, aseveró que esta financiación estable y esta sostenibilidad económica “deben llegar cuanto antes”, si bien, “mientras tanto”, valoró como “necesario, justo y responsable” aumentar en los “próximos” Presupuestos Generales del Estado del 0,7 al 1% la asignación tributaria a actividades de interés general consideradas de interés social.

Por último, puntualizó que, en los últimos años, “el tercer sector se ha convertido en un actor fundamental y un agente clave en la colaboración con las administraciones públicas en la defensa de derechos e intereses de toda la ciudadanía” y explicó que las entidades que integran la plataforma realizan más de 48 millones de intervenciones directas al año, representan el 1,44% del PIB, emplean a más de 528.000 personas, tienen más de cuatro millones de voluntarios y son “un ejemplo y un referente para toda la UE”.