Esta es la principal conclusión del estudio ‘Acceso a las cuentas básicas, propuestas de mejora’ elaborado por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), presentado este jueves en un acto, en el que participaron 11 organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de consumidores.

Estos colectivos eran Andalucía Acoge, Asociación Rumiñahui, Asufin, CEAR, CECU, Convive-Fundación Cepaim, Fundación APIP-ACAM, Fundación Isadora Duncan, MPDL, Provivienda y Red Acoge.

Según explicó María Molina, Policy officer de Asufin, con este encuentro “hemos querido hacer visible la problemática de la cuenta básica entre los colectivos más vulnerables”.

En concreto, el estudio identifica que uno de los principales problemas para la inclusión financiera de estas personas reside en una normativa “confusa, que lejos de impulsar, dificulta el desarrollo de la cuenta de pago básica”.

APLICACIÓN "FLEXIBLE"

Se refirió a la normativa de prevención de blanqueo de capitales, que es “uno de los principales motivos que la industria bancaria alega frente al derecho a la apertura y mantenimiento de la cuenta de pago básica”, cuyo cumplimiento lleva al cierre de muchas cuentas.

Frente a esta situación, desde Asufin instamos a que las entidades apliquen estas exigencias “de manera flexible y razonable, en función del perfil de riesgo”, indicó.

También les pidió atender al criterio ya manifestado por el Banco de España en su memoria de reclamaciones de 2021, sobre “un juicio de proporcionalidad en el que se ponderen los diferentes intereses en juego”. “O lo que es lo mismo, evitar que conductas u omisiones con una relevancia mínima de cara a la prevención del blanqueo de capitales puedan suponer la imposición de medidas restrictivas muy gravosas para los interesados”, insistió.

Desde la asociación, proponemos que esta indicación del regulador se convierta en medidas concretas de obligado cumplimiento.

Otro freno lo constituye el “entramado burocrático al que se enfrentan las personas migrantes y refugiadas”, prosigue el estudio, que a menudo hace imposible la apertura de una cuenta bancaria, un elemento que marca la diferencia entre cobrar un salario o prestaciones que permitan la supervivencia de estos colectivos.

Por ello, Asufin reclamó permitir a las entidades sin ánimo de lucro que forman parte del Sistema Nacional de acogida y a otras entidades del Tercer Sector “emitir certificados de riesgo de exclusión financiera”, para contribuir a la agilización en la apertura de estas cuentas.

"GRAVE INCUMPLIMIENTO"

En el terreno de la mala praxis, “las entidades tendrían que reportar periódicamente por escrito las solicitudes de denegación de la cuenta de pago básica”, apuntó, de modo que “podamos saber cuáles resultan denegadas y cuántas acaban en apertura de un producto diferente”.

También demandó incorporar la posibilidad de solicitar por escrito la apertura de una cuenta de pago básica, obligando a la entidad a entregar copia sellada al solicitante”.

A su juicio, este documento “permitiría contabilizar las solicitudes reales y obligaría a la entidad a responder y resolver, en tiempo y forma”.

Según la asociación, “nos encontramos también ante “un grave incumplimiento por parte de las entidades cuando aparecen casos en que se obliga al cliente a contratar algún producto vinculado a la apertura de la cuenta básica”, lo que supone una “vulneración directa de la norma que difícilmente puede justificarse por desconocimiento de la red”.

El estudio también advierte de que “es difícil dimensionar el problema, ya que no queda constancia en caso de que el cliente decida, por este motivo, no abrir la cuenta, lo que dificulta la posible reclamación”.

Las entidades deben, en líneas generales, reforzar el conocimiento de la ley que regula la cuenta de pago básica entre todos los empleados y gestores de la red para eliminar, minimizar y perseguir las malas prácticas en la comercialización, concluyó.