Sevilla consideró que "es malo que el Gobierno promueva permanentemente campañas de deslegitimación contra el poder judicial y es malo que el Gobierno, ante un problema como éste, no se haya sentado a negociar con los sindicatos, con independencia de que tiene la capacidad legal de presentar un recurso".

En este sentido, afirmó que, "prospere o no el rcurso, el Gobierno está obligado a hacer algo que no ha hecho hasta ahora, sentarse a hablar con los sindicatos de la función pública", porque, cuando un Gobierno "decide alterar las condiciones de un contrato, se indemniza a los damnificados". Puso como ejemplo la experiencia del Gobierno socialista, cuando en el 82 decidió paralizar el programa de centrales nucleares.

En su opinión, la sentencia de la Audiencia Nacional "no contradice en absoluto la ley de Presupuestos y, por lo anto, no invade comptencias del Parlamento". Concluyó que "el Parlamento es plenamente soberano para tomar las decisiones que tome, pero en determinados casos, cuando hay unos compromisos adquiridos, se indemniza".