Esta petición llega después de que el sindicato haya denunciado en varias ocasiones este año que el Ministerio de Justicia ha maniobrado en el caso de la reclamación presentada por UGT ante este comité por el “bajo” coste del despido en España. A la demanda se unió después CCOO, mientras que UGT criticó en varias ocasiones el retraso que se está produciendo en el pronunciamiento de este organismo europeo.

El fallo ante la reclamación de UGT y CCOO todavía no se ha producido, pero esta semana emitió un informe el CESD sobre España correspondiente al año 2023, en el que a partir de un caso particular, señala que la indemnización legal tasada prevista para el despido improcedente es contraria a la Carta Social Europea revisada.

Así las cosas, el sindicato indicó que se ve en “la obligación de solicitar el cese” del agente de España ante el Consejo de Europa, tratado que acoge tanto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como al Comité Europeo de Derechos Sociales.

El representante de España presentó a finales del año pasado – pero antes de la constitución del actual gabinete- una recusación de la miembro española del referido Comité. “La maniobra, insólita en el Consejo pues es la primera vez que ocurre en sus más de 50 años de existencia, estaba destinada a influir en la decisión de fondo que se tiene que emitir con respecto a la reclamación colectiva que UGT presentó en marzo de 2022, en el que el sindicato denunciaba la no adecuación de la legislación española en materia de despido improcedente a la Carta Social Europea Revisada”, denunció UGT.

Dicho sindicato añadió que la acción del agente ha causado “grave alarma en el concierto europeo”, pues como ha señalado la Confederación Europea de Sindicatos (CES) “se trata de una maniobra inaceptable” por parte del Gobierno español, destacando que esta “injerencia” del alto funcionario de España pone “en peligro” el mandato, la composición, las responsabilidades y los métodos de trabajo de la Comisión de Reclamaciones Colectivas.

En este punto, UGT insistió en que “para evitar actuaciones similares, salvaguardar la independencia del Comité y el compromiso de España con la libertad de criterio y actuación que deben de tener todos y cada uno de los miembros que lo componen, se hace inevitable que finalice de inmediato la representación que ostenta desde 2018, previo a la constitución del Gobierno socialista, el alto representante español”.

“Nuestro país debe despejar cualquier sombra sobre su actuación, respetando la plena autonomía del Comité Europeo de Derechos Sociales a la hora de resolver las reclamaciones colectivas efectuadas contra España, como lo es la de UGT en relación a la regulación del despido”, enfatizó el sindicato dirigido por Pepe Álvarez.