Competencia
La CNMC publica una guía sobre cumplimiento normativo en defensa de la competencia que permite modular las sanciones
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado una guía sobre los programas de cumplimiento normativo en defensa de la competencia en la que se posibilita una modulación de las sanciones impuestas por el organismo en el caso de que se haya incumplido la legislación y se colabore.
Según informó la CNMC en un comunicado, la guía publicada pretende ayudar a las empresas en sus esfuerzos para implantar y desarrollar programas de cumplimiento (o ‘compliance’) de las normas en defensa de la competencia. Dichos programas permiten a los operadores económicos prevenir, detectar y reaccionar de manera temprana ante conductas ilícitas, susceptibles de generar responsabilidad penal y administrativa, así como afectar a su reputación.
Con la guía se aporta transparencia a los criterios básicos que la CNMC considera relevantes para la eficacia de estos programas.
También una serie de incentivos para fomentar dichos esfuerzos, así como reforzar la colaboración de las empresas con la CNMC.
El pasado mes de febrero, un primer borrador de esta guía fue sometido a consulta pública, y fruto de las aportaciones recibidas por empresas, asociaciones y despachos de abogados se revisó.
Para que sean verdaderamente efectivos, los programas de cumplimiento deben garantizar la existencia de un verdadero compromiso de cumplimiento. Esto debe hacerse a través del establecimiento claro de parámetros de conducta y de la puesta en práctica de las medidas organizativas para su desarrollo. Además, debe trasladarse al proceso de toma de decisiones cotidianas dentro de la empresa. El objetivo es que permita prevenir y, en su caso, detectar prácticas restrictivas de la competencia, así como medidas de reacción adecuadas en caso de que se materialice el ilícito.
La guía recoge criterios de valoración sobre los principales elementos que normalmente incluyen los programas de cumplimiento: la implicación de los órganos de administración y los principales directivos de la empresa; la independencia y autonomía del responsable de cumplimiento; la identificación de los riesgos; el diseño de los protocolos y mecanismos de control; la formación; la existencia de un canal de denuncias; el procedimiento interno para la gestión de infracciones y denuncias, y el sistema disciplinario.
(SERVIMEDIA)
10 Jun 2020
MMR/gja