La organización trasladó esta posición en su contribución al primer Diálogo Mundial sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, impulsado por la Asamblea General de la ONU para orientar el futuro marco internacional de regulación de esta tecnología.

En su documento, el Cermi sostiene que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad debe constituir el marco de referencia obligatorio para el desarrollo y supervisión de los sistemas de inteligencia artificial, al considerar que los principios voluntarios “resultan insuficientes para garantizar la protección efectiva de los derechos”.

La entidad planteó tres exigencias principales. La primera consiste en garantizar la accesibilidad universal de los sistemas algorítmicos, de modo que las personas afectadas puedan comprender las decisiones automatizadas y disponer de mecanismos accesibles para recurrirlas. La segunda reclama la participación efectiva de las personas con discapacidad en todas las fases de diseño, desarrollo, evaluación y supervisión de estos sistemas. La tercera incorpora un enfoque interseccional que tenga en cuenta el impacto diferenciado de la IA cuando la discapacidad concurre con otras circunstancias, como el género, la edad, la orientación sexual o la condición migratoria.

Además, el Cermi introduce el concepto de “capacitismo algorítmico” para describir el sesgo estructural de los sistemas de inteligencia artificial que penalizan a quienes se apartan de los patrones corporales, cognitivos o de conducta considerados “normativos”. Según la organización, los mecanismos actuales de supervisión detectan “discriminaciones por motivos como la edad, el sexo o el origen”, pero no contemplan suficientemente la discapacidad.

La plataforma representativa de la discapacidad advirtió de que la discriminación algorítmica ya se produce en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, el acceso a la justicia, los servicios financieros o las prestaciones sociales, donde los sistemas automatizados pueden reproducir y amplificar desigualdades preexistentes.

Asimismo, destacó que el actual proceso internacional de regulación de la inteligencia artificial representa una oportunidad para incorporar desde su origen los estándares de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al futuro modelo de gobernanza global.

El Cermi recordó que su aportación se apoya en herramientas ya desarrolladas por la propia organización, entre ellas metodologías de auditoría algorítmica, un marco ético de seis principios y su Estrategia de Gobernanza de la Inteligencia Artificial 2025-2027. Además, señaló que también participa en España en el desarrollo y aplicación del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, con especial atención a los sistemas considerados de alto riesgo para los derechos de las personas con discapacidad.