Así lo expone el Defensor del Pueblo en su Informe anual de actividad en 2025, que Ángel Gabilondo entregó este martes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El Defensor también expuso dificultades para que profesionales claves -psicólogos, forenses, equipos psicosociales- reciban formación específica y homogénea, y recordó que el anteproyecto de ley contra la violencia vicaria (en trámite) aborda la necesidad de “formación de los profesionales que intervienen con menores”.

El informe reitera que erradicar la violencia vicaria exige un “compromiso permanente del Estado y de la sociedad”, garantizando que las víctimas -menores y mujeres- sean “escuchadas, respetadas y atendidas”.

Ante esto, además de reformas para evitar que menores sigan expuestos a agresores por decisiones judiciales fragmentadas, el Defensor pidió también coordinación efectiva entre administraciones, formación obligatoria a profesionales que atienden a los menores y un acceso real a servicios de apoyo.

Del mismo modo, el informe señala que aún existen trabas para que los hijos sean reconocidos como víctimas de violencia vicaria y accedan a servicios, pues su acceso “queda condicionado al previo reconocimiento de la madre como víctima”. El Defensor exigió que los menores puedan ser acreditados directamente y sin demoras.