Según explicó la Felgtbi+, también registró dos preguntas parlamentarias para interpelar al Ministerio del Interior y exigir “responsabilidades” ante esta cuestión. Esta reivindicación coincide con el Día Internacional de las Personas Migrantes, que es este mismo jueves.

La legislación sobre las personas Lgtbi+ aprobada en 2023 marca los procedimientos reglamentarios para garantizar este derecho de los ciudadanos Lgtbi+, que deberían haberse habilitado durante el primer año de vigencia.

Sin embargo, tras casi tres años desde la publicación de la ley en el BOE, Interior sigue sin implementarlos, según explicó la Felgtbi+. Como consecuencia de esta falta de desarrollo administrativo, existe un “bloqueo” que “vulnera los derechos” de unas 65.000 personas.

Por esto, la Felgtbi+ pidió al Defensor del Pueblo que supervise de manera urgente el cumplimiento de la Ley por parte de Interior y emita una recomendación formal instando a la habilitación inmediata de los procedimientos reglamentarios necesarios. Asimismo, le solicitó que requiera información oficial sobre las actuaciones emprendidas hasta el momento y los plazos previstos para garantizar la adecuación documental.

Ante esta situación, la presidenta de la Felgtbi+, Paula Iglesias, incidió en que esto no es un “simple retraso administrativo”, sino que es una “vulneración continuada y prolongada de derechos humanos”. Esta situación contradice “frontalmente” los principios constitucionales de “igualdad, dignidad y no discriminación”. También, choca con los “compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos y protección de las personas Lgtbi+”.

En este sentido, Iglesias explicó que las personas trans migrantes se encuentran atrapadas en un “limbo burocrático que les niega su identidad y las expone a múltiples vulnerabilidades y violencias”. Esta situación agrava las dificultades que estas personas ya enfrentan en ámbitos como el empleo, la sanidad, la vivienda o cualquier trámite para el acceso a recursos básicos. Así, la federación exigió que se “actúe de manera inmediata” para “frenar esta violencia instituciona”.

La vocal de delitos de odio de la Felgtbi+, Ángeles Blanco, dijo que la situación es “crítica” porque, ante la falta de reglamentación, las oficinas de extranjería, comisarías y otros organismos se “niegan a tramitar las solicitudes de adecuación de documentación alegando falta de instrucciones”.