Esta es la propuesta que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 llevará este jueves a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y que supone el paso previo para que el Consejo de Ministros apruebe una nueva transferencia “récord” para financiar el nivel acordado entre los ejecutivos autonómicos de 904 millones de euros, cifra que alcanzará esos 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de País Vasco y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente, según precisó este lunes el gabinete de Pablo Bustinduy en un comunicado.

“Estos 970 millones de euros es, por segundo año consecutivo, la cantidad más alta en la historia de este nivel de protección, cuyo fin es complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada comunidad autónoma conforme al cumplimiento de objetivos como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector”, abundó.

En este contexto, el ministerio recordó que este nivel acordado fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó entonces una senda de crecimiento que alcanza ya los 970 millones de euros actuales.

El aumento de la inversión estatal en el nivel acordado ha ido de la mano del crecimiento “exponencial” de la financiación a la dependencia por parte del Gobierno de España a través del conocido como nivel mínimo. Un nivel que hace dos semanas experimentó una ampliación “sin precedentes” cuando el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 23 de junio, un real decreto-ley que supuso duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las autonomías por cada persona con un grado de dependencia reconocido, puntualizó el departamento liderado por Bustinduy.

HISTÓRICA AMPLIACIÓN

Esta “histórica ampliación”, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, ha supuesto, a su juicio, una “refundación” del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y permitirá que, sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal a los ejecutivos autonómicos sea de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.

“Una inversión récord que, además, es estructural y queda fijada y blindada para los siguientes años, y que, solo en lo referente al nivel mínimo, implicará que los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán, de media, un 98,7% sus fondos para la dependencia”, detalló el ministerio.

A nivel general, incluyendo estas subidas en el nivel acordado y el nivel mínimo, la inversión del Gobierno de España en dependencia alcanza un total de 7.239,4 millones de euros en dependencia, una cifra que permitirá al ejecutivo central culminar su compromiso político de asumir el 50% de la financiación global del sistema, junto a la aportación de cada comunidad autónoma.

Estos casi 7.240 millones de euros suponen, además, que la inversión del Estado vaya a ser el doble en 2027 que la que hubo en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando el ejecutivo que gobernaba entonces en España recortó su aportación al SAAD en más de 5.400 millones de euros, según calculó Derechos Sociales.

Por otra parte, estas cifras “garantizan”, a su entender, que los gobiernos autonómicos podrán disponer ahora de la “mayor financiación de la historia” para “avanzar” en objetivos “vitales” como la reducción y agilización de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, el aumento y mejora de servicios a las personas en situación de dependencia, la inversión en tecnología y la ampliación de la teleasistencia o de la atención a domicilio.

REFUNDACIÓN

En paralelo, otro objetivo “fundamental” de esta ampliación de la financiación del SAAD es “reforzar” los recursos que reciben los gobiernos autonómicos para financiar los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.

El ministerio hizo hincapié en que se trata de una norma que incluirá nuevos servicios para la ciudadanía como nuevos modelos de convivencia colaborativa, y cuidados y apoyos en viviendas compartidas; productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, que se servirán mediante préstamo o cesión temporal.

También, servicios de teleasistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo y extensión del servicio de ayuda a domicilio, para que las personas que reciben esta ayuda puedan ser acompañadas por sus cuidadoras en otras actividades como ir al médico o hacer la compra.