En la carta, firmada por la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, el PP comienza valorando que el decreto incluya algunas de las medidas propuestas por los de Alberto Núñez Feijóo y considera "correcto" que recoja "al menos parcialmente" rebajas fiscales fueron "denostadas abierta e intensamente por el Gobierno" cuando fueron sugeridas.

Así, valora "este cambio de opinión" y que el decreto recoja la reducción al 10% del IVA a los combustibles, a la electricidad y al gas; la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%; las ayudas extraordinarias de 0,20 euros por litro de gasóleo para el transporte profesional por carretera y para agricultores, ganaderos y pescadores; y la compensación por costes indirectos de CO2 para la industria en riesgo de fuga de carbono.

Sin embargo, sin perjuicio de todo ello, el PP considera que el decreto "es insuficiente para hacer frente a la situación que están padeciendo los ciudadanos y las empresas españolas, y que no incorpora las medidas más adecuadas para garantizar una respuesta integral y estructuralmente sólida a la crisis". "Entre las ausencias más significativas, advertimos de que no contiene ninguna medida de actualización de los parámetros del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tal y como viene ocurriendo desde hace años", precisa.

"Como sabes", dice Muñoz a Bolaños, "esto supone una subida encubierta de impuestos sobre las clases medias, especialmente sobre las familias con hijos, a quienes la inflación ha erosionado su poder adquisitivo. Esta distorsión, lejos de corregirse, se va a agudizar como consecuencia directa de la subida de precios asociada al encarecimiento energético. Es incomprensible que un decreto de ayudas olvide a las familias en este contexto".

Además, el PP pide valorar "el carácter permanente de varias medidas incluidas en el texto de forma temporal". Así, reitera la necesidad de eliminar totalmente el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva.

También subraya que el decreto "contradice uno de sus objetivos expresamente declarados, concretamente el de hacer la economía española más resistente frente a futuros shocks energéticos" ya que la disposición final 13ª habilita al Gobierno para declarar nudos de transición justa adicionales en los emplazamientos de centrales nucleares en proceso de cierre, "dando así respaldo regulatorio implícito al calendario de desmantelamiento nuclear".

"No es posible afirmar que se quiere garantizar la seguridad de suministro y, simultáneamente, mantener activo un plan que eliminará progresivamente la fuente de generación más estable y descarbonizada del sistema eléctrico español. Una política energética sensata, más aún en el actual contexto mundial, exige la continuidad de las centrales nucleares", asegura el PP.

También considera "altamente llamativa" la disposición final 12ª, "que nada tiene que ver" con el resto del texto y "cuyo único objeto es obviar el control parlamentario sobre determinadas partidas de gasto público al no haber presentado en toda la legislatura Presupuestos Generales del Estado". "En la práctica, supondría que el Gobierno podría financiar cualquier política destinada a extender las prestaciones no contributivas automáticamente y sin límite de cuantía".

Dado que el decreto estará en vigor durante los 30 días que hay de plazo máximo para convalidarlo, el PP apunta que "hay tiempo suficiente para que el Gobierno pueda incorporar estas cuestiones y dar, de este modo, una respuesta completa a las necesidades de las familias".

Le pide también que aproveche ese periodo de tiempo para "abrir un imprescindible proceso de información" a las comunidades autónomas, "que al fin y al cabo van a asumir financieramente el 50% de las rebajas fiscales propuestas y deben ser escuchadas y respetadas".