En su exposición de motivos, los populares ponen de manifiesto que un total de 951.862 personas residentes en el medio rural tienen algún tipo de discapacidad, lo que representa el 22% del total de las personas con discapacidad que viven en España, de las que el 55% son mujeres, según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del mismo modo, se observa en esa encuesta un mayor envejecimiento en la zona rural que en la urbana, como lo atestigua que en este ámbito el 37% de las personas con discapacidad tiene más de 80 años frente al 32% de quienes residen en las zonas urbanas.

Por otra parte, se observa un mayor envejecimiento en la zona rural que en la urbana. Así, mientras que en el Medio Rural el 37% de las personas con discapacidad tiene más de 80 años, en las zonas urbanas este porcentaje es del 32%.

Respecto al tipo de discapacidad, los residentes en el ámbito rural, en términos relativos, presentan mayor dificultad en las actividades relacionadas con la movilidad (54%), la vida doméstica (49%) y el autocuidado (33%).

A partir del precepto recogido en la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, que advierte de que “las personas con discapacidad se siguen enfrentando a mayores desafíos en las zonas rurales, y que estas dificultades se relacionan y se retroalimentación con los fenómenos de despoblación, precariedad laboral, escasez de servicios y aislamiento”, el PP considera necesario “impulsarse y mejorarse las acciones que al efecto se realizan por las distintas Administraciones Públicas en sus respectivas competencias”.

Por todo ello, los populares pretenden con su proposición no de ley elaborar un estudio específico sobre las demandas, necesidades sociales, apoyos y recursos para mejorar el bienestar de las familias con personas con discapacidad que residen en un entorno rural.

A partir de ese estudio, el PP planea establecer un cronograma de desarrollo y planificación con las administraciones competentes, que lleve financiación adecuada y suficiente para su puesta en funcionamiento.

A su vez, plantea promover servicios de proximidad centrados en las personas, vinculados con los servicios de la Ley de Dependencia, que contemple intervenciones de carácter ambulatorio en zonas con grandes limitaciones de infraestructuras, e impulsar medidas específicas destinadas a las mujeres con discapacidad, especialmente en las regulaciones y en las políticas orientadas al desarrollo rural.

Del mismo modo, propone priorizar el impulso al despliegue de servicios de respiro en el marco del servicio y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, el Objetivo 6 del Eje 3 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, que se basa en “mejorar la respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad que viven en zonas rurales, incluidas las zonas de transición justa, para el acceso y disfrute de sus derechos y los servicios básicos de salud, servicios sociales, comunicación y transporte”.