Rego realizó estas afirmaciones en una carta difundida en sus redes sociales, dirigida a la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional (VVVI), en la que defendió la ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi).

La Coordinadora Estatal VVVI, en una carta abierta a los ministerios de Igualdad, de Justicia, y de Juventud e Infancia, señaló que es un "momento clave" para poder dar "cumplimiento efectivo" a muchos de los mandatos previstos en “nuestro ordenamiento jurídico” a través de reformas como la Lopivi, “así como introducir mejoras que hagan realidad la protección efectivas de mujeres y sus hijas e hijas víctimas”. También detalló que hay que “abordar de forma coherente e integral” el tratamiento de la violencia vicaria, teniendo en cuenta “la persistencia de patrones culturales profundamente arraigados que sostienen que un hombre violento puede ser al mismo tiempo un buen padre”.

Ante ello, la titular de Juventud e Infancia subrayó que “la protección de la infancia frente a la violencia no admite dilaciones, ambigüedades ni respuestas parciales”.

La ministra reconoció que, aunque la Lopivi supuso “un avance decisivo al reconocer que las violencias contra la infancia existen y deben ser abordadas de manera integral”, la experiencia demostró que “ese reconocimiento no es suficiente si no se traduce en mecanismos efectivos de protección, de escucha y de reparación”.

Rego señaló que “el sistema sigue fallando”, y afirmó que la ampliación de la Lopivi es “una urgencia” y “la respuesta necesaria a fallos estructurales que siguen dejando a la infancia en situaciones de riesgo conocidas y evitables”.

Entre las medidas que planteó figuran “reconocer la violencia institucional, garantizar el derecho efectivo a ser escuchadas y escuchados, reforzar la suspensión de visitas en contextos de violencia machista, asegurar el acceso a la atención psicológica, jurídica y social sin el consentimiento del agresor, o fortalecer el papel del Estado en la defensa directa de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

La ministra alertó además de que “los datos son profundamente alarmantes” y lamentó que, pese a que hijos e hijas están reconocidos como víctimas de la violencia de género, “en la práctica se sigue priorizando, en demasiadas ocasiones, el mantenimiento del contacto con el agresor por encima de su seguridad y bienestar”, una situación que, según indicó, “no es neutra: reproduce el daño y expone a niñas y niños a una violencia que el Estado tiene la obligación de prevenir”.

Rego expresó también su compromiso con “el desarrollo de un marco coherente frente a la violencia vicaria” y consideró “imprescindible el papel que están desempeñando las organizaciones, las expertas y los colectivos feministas en hacer frente a las resistencias”.

Finalmente, recalcó que “la protección de la infancia frente a la violencia no admite demoras, ni puede avanzar por inercia”, y aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para que su compromiso feminista “se traduzca en políticas públicas que protejan de manera real y efectiva a las mujeres y a la infancia”, destacando que “la voz de las expertas, de las organizaciones y de las propias víctimas no solo es necesaria: es imprescindible”.