Así lo señaló durante el XIX Encuentro del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad de Fundación Cermi Mujeres, dedicado a ‘La feminización de la pobreza y su impacto en el entorno urbano’, en el que defendió que las políticas contra la pobreza deben incorporar las perspectivas de género, discapacidad y derechos humanos y garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

Durante su intervención, Díaz Galán afirmó que “la pobreza tiene rostro de mujer” y recordó, según datos del Banco Mundial, que las mujeres constituyen el 70% de las personas que viven en pobreza extrema. Asimismo, señaló que solo el 2% de las mujeres de los países en desarrollo son propietarias de tierras.

La relatora explicó que las ciudades concentran a más de la mitad de la población mundial y defendió que su desarrollo debe abordarse desde un enfoque de derechos humanos, al considerar que la pobreza supone “una vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales”.

En este sentido, avanzó que el próximo 16 de octubre presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, su primer informe sobre ciudades y pobreza, centrado en la relación entre urbanización y pobreza y en la situación de los grupos en especial situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas con discapacidad.

Díaz Galán defendió además la necesidad de garantizar los derechos esenciales, especialmente los derechos sociales, e incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas. También reclamó que las mujeres en situación de pobreza participen en el diseño y aprobación de las medidas que les afectan.

Por su parte, la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de Fundación Cermi Mujeres, Sara De Torres Riveiro, subrayó en la apertura que “hablar de pobreza es hablar de mucho más que de ingresos”, ya que esta condiciona el acceso a una vivienda adecuada, la alimentación, la educación y la justicia, además de la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida autónomo.

De Torres defendió entender la pobreza como “una cuestión de derechos humanos” y reclamó “una mirada interseccional” que tenga en cuenta la interacción del género con factores como la discapacidad, la edad, el origen, la situación migratoria, el lugar de residencia, las responsabilidades de cuidado o la exposición a distintas formas de violencia.

En el turno de preguntas, la vicepresidenta ejecutiva de Fundación Cermi Mujeres y presidenta del Comité de Personas Expertas del Observatorio, Ana Peláez Narváez, apeló al principio del movimiento de la discapacidad “nada para nosotras sin nosotras” y preguntó por la situación de la pobreza extrema entre las mujeres en España y por los mecanismos necesarios para garantizar su participación en las políticas públicas.

Díaz Galán respondió que, según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), “una de cada cuatro mujeres en España se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social”. En este contexto, destacó el papel de las administraciones locales por su cercanía a la ciudadanía y subrayó la necesidad de “coordinación entre las distintas administraciones y la sociedad civil”.

La patrona de Fundación Cermi Mujeres y presidenta de Cermi Andalucía, Marta Castillo Díaz, planteó si la autonomía económica de las mujeres con discapacidad debe considerarse también “una herramienta para prevenir situaciones de violencia, abuso y dependencia”.

La relatora respondió que la pobreza no puede entenderse únicamente en términos económicos y reclamó el cumplimiento efectivo de los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

Por último, la representante de la Red de Madres de Fundación Cermi Mujeres, María del Carmen La Osa Exojo, alertó del círculo de exclusión que vincula pobreza, género y discapacidad. En concreto, denunció que muchas niñas con discapacidad “no pueden continuar sus itinerarios educativos hacia la enseñanza posobligatoria por la desaparición de apoyos como la lectura fácil o el acompañamiento”, lo que limita posteriormente sus posibilidades de acceder a un empleo digno.

Reclamó mecanismos efectivos para eliminar esta discriminación y romper el vínculo entre las barreras educativas, la falta de oportunidades laborales y las situaciones de pobreza y exclusión que afectan a las mujeres con discapacidad.