Solbes hizo este anuncio en el primer pleno en el Congreso de los Diputados sobre la situación de la agricultura esañola, que fue solicitado por los grupos parlamentarios del PP, CiU e IU.

El titular del departamento de Agricultura anticipó que esta ley tratará de mejorar la competitividad del campo español, mediante un incremento de las explotaciones agrícolas, a través de facilidades para la movilidad de la tierra y la defensa fiscal de los cultivos familiares.

Asimismo, Solbes expresó el deseo del Gobierno de desarrollar la cooperación con las comunidades autónomas, ya que afirmó que existen competencias cmpartidas, por lo que "también debe serlo la responsabilidad normativa y presupuestaria".

El ministro recordó que el pasado 22 de julio el Gobierno presentó un proyecto por el que propugna la corresponsabilidad, tanto normativa como en los aspectos económicos y financieros.

Este proyecto incluye la participación de las comunidades autónomas en la formación de la posición española ante Bruselas, la corresponsabilidad en la aplicación de los fondos comunitarios y un diseño de gestión que facilita l aplicación de las normas y la financiación.

En su exposición, el ministro hizo un balance de la agricultura española tras la entrada de España en la CE. Solbes rechazó que se hubiera negociado mal el Tratado de Adhesión y afirmó que más tarde "se han ido renegociando de forma más favorable aquellos aspectos que tuvimos que aceptar sin que nos satisfacieran plenamente".

En su opinión, la dificultad estuvo en que la entrada de España coincidió con un momento en que la Política Agraria Común (PAC) staba agotada. A su juicio, la reforma del 88 no solucionó el problema y es la nueva reforma de este año la "más adecuada a nuestras posibilidades y necesidades".

Solbes destacó el acuerdo marco con las organizaciones agrarias, firmado en mayo, como un instrumento que ha permitido mejoras importantes, como la modificación del reglamento del IRPF, y la aprobación de un decreto de medidas urgentes contra la sequía, que ha permitido movilizar ayudas estatales por un valor de hasta 140.000 millones de pestas.

También señaló que dentro de este acuerdo se ha conseguido la revalorización de la indemnización de zonas de montaña y desfavorecidas, que afecta a 200.000 agricultores; la reforma de la subvención al gasóleo agrícola, con un ahorro anual para el sector de 5.000 millones de pesetas, y la introducción del IVA reducido para los costes agrarios, que supone un abaratamiento de los mismos de 18.000 millones.

DURAS CRITICAS DEL PP

Por su parte, el portavoz popular de Agricultura en el Congreso, iguel Ramírez, contestó al ministro con críticas a la labor de los diversos gobiernos socialistas, ya que comenzó cuestionando la repercusión de la entrada española en la Comunidad por una mala negociación.

Ramírez dijo que "el Gobierno socialista ha renunciado a realizar una política agraria española y sólo mira a Bruselas, que es la que decide lo que se ha de realizar en España".

El parlamentario popular resaltó el envejecimiento de la población agraria y destacó el hecho de que desde la entrad del PSOE en el poder han dejado la actividad agraria 700.000 agricultores.

Asimismo, denunció la inexistencia de una estrategia financiera para el sector, que se concretaría en la nula actuación del Banco de Crédito Agrícola y en las deudas que el ministerio tiene con los agricultores desde 1989.

Esta deuda es debida a unas ayudas de modernización de las explotaciones agrarias, para las que todavía el Ministerio de Economía no ha aprobado el crédito extraordinario de 12.000 millones de pesetas slicitado por Agricultura, cuya concesión estaba prevista para el pasado mes de junio.

Ramírez señaló que España no sólo ha perdido los mercados exteriores, sino también el interior, ya que resaltó el crecimiento del déficit de la balanza comercial agraria en los últimos años, que ya se sitúa en 274.000 millones de pesetas desde julio del 1991 al mismo mes de este año.

El diputado popular solicitó que el ministerio agilice el pago de las pérdidas sufridas por el sector agrario como consecuencia dela huelga de camioneros franceses y que aumente lo presupuestado para las medidas de acompañamiento de la PAC, entre las que destaca la jubilación anticipada, para las que en 1993 Agricultura empleará 3.000 millones de pesetas.